Al cumplirse los primeros cien días de Gobierno el pasado 22 de noviembre, el presidente de Paraguay resaltó sus logros, lo cual es comprensible y normal, ya que no abundan ni están de moda los políticos con autocrítica.
Lo que sí resultó desconcertante fue su respuesta ante los cuestionamientos respecto a seguridad, cuando dijo que no porque murió uno (una persona) se tenga que hablar de inseguridad. Cartes con esa respuesta peca de desinformado, a nivel interno y externo.
Si consultara las estadísticas de la Policía Nacional, sabría que en agosto fueron asesinadas 42 personas, en setiembre cegaron la vida a 61 y en octubre a otras 41 personas, con el detalle de que la mayoría de las víctimas eran jóvenes.
Si Cartes tomara nota del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, emitido a inicios de este mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sabría que los países de América Latina tienen como principal deuda social, la seguridad.
El presidente no se enteró que entre agosto y octubre de este año, 562 personas sufrieron lesiones dolosas, la mayoría por arma blanca, arma de fuego, golpes de puño y objetos contundentes, según la Policía de Paraguay.
“Estoy seguro de que se ha reducido -en más de una parte- la inseguridad”, dijo el representante del Ejecutivo, aunque esas mejoras no evitaron el asesinato, por ejemplo, de Lializ, aquella joven universitaria de 22 años que nunca llegó a su casa porque un motochorro le disparó con una pistola.
Cartes no puede estar en todas partes y la Policía tampoco, justificarán algunos, pero por ejemplo en la zona norte, donde no solamente está la Policía Nacional sino que también las Fuerzas Armadas de la Nación, la gente sigue muriendo, asesinados a manos de un grupo de delincuentes que se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Al menos media docena de personas fueron asesinadas en esa zona del país en la era Cartes, y en Asunción y Central ciudadanos siguen muriendo a manos de asaltantes cada vez más violentos.
Cartes debería saber que existe un departamento llamado Amambay, con un potencial económico gigantesco, empañado por la guerra de narcotraficantes que deriva en lo que se conoce como sicariato. Allí, entre agosto y setiembre de 2013, fueron asesinadas 18 personas.
Del total de 489 muertes violentas ocurridas este año en todo el país, 65 fueron en Amambay, pero, este dato además de todos los otros citados, está muy lejos del alcance del Presidente. El Presidente que por motivos absolutamente desconocidos y jamás explicados prefiere no ir a esa parte del país.
El primero del Ejecutivo puede responder lo que quiere a la prensa, hasta algo tan irónico como que una muerte no es motivo para hablar de inseguridad nacional, pero no puede hacer lo mismo con los ciudadanos, que tienen y seguirán teniendo el derecho a espetarle por lo aquello que no cumpla.
Por ahora, la inseguridad es materia pendiente, lo dice PNUD, lo dicen las familias de los asesinados y se lee, ve y escucha todos los días en los medios de comunicación... por si el presidente quiera informarse.
FuenteAbc
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