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LA NOTICIA DESTACADA
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La Comisión Bicameral de Presupuesto finalizó este lunes el estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN), para el ejercicio fiscal 2024.
El senador Derlis Osorio informó que se realizaron ciertas reducciones, en gastos que consideraban superfluos, y se otorgaron aumentos mínimos a otras instituciones.
Al respecto, el legislador indicó que no fue sobrepasado el monto total remitido por el Poder Ejecutivo; tampoco el nivel de ingresos y egresos planteados dentro del presupuesto enviado.
El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde los congresistas deberán analizarlo y, posteriormente, dictaminar por el rechazo o por la aprobación. Además, podrán aconsejar modificaciones al respecto. El plazo estimado de estudio en esta instancia es hasta el 15 de noviembre.
Seguidamente, corresponde el estudio a la Cámara de Senadores, donde se hará un detallado análisis y, posteriormente, se dará a conocer el dictamen. Ello dará paso a que el proyecto vuelva a la Cámara Baja o se remita al Poder Ejecutivo.
Fuente: HOY
Un nuevo episodio de violencia se registró este lunes en inmediaciones del Estadio Feliciano Cáceres, donde barras bravas del Sportivo Luqueño generaron todo tipo de incidentes.
A minutos del inicio del partido de fútbol del Sportivo Luqueño ante Trinidense se registraron los primeros disturbios entre los barras auriazules y efectivos de la Policía Nacional en inmediaciones del estadio Feliciano Cáceres.
Según pudo observarse en varios videos, el enfrentamiento se dio porque los inadaptados buscaban ingresar a la fuerza al estadio, pasando por valla de seguridad puesta por los policías. Finalmente, lograron su cometido.
Al mismo tiempo, otro grupo se dispuso a causar destrozos y desvalijar los vehículos estacionados en las inmediaciones del estadio.
Estos incidentes provocaron una suspensión momentánea del encuentro deportivo, ya que tanto jugadores como hinchas se vieron afectados por los gases lacrimógenos lanzados en el enfrentamiento.
La Comisión Bicameral de Presupuesto, en reunión esta siesta, resolvió derogar los reajustes contemplados en la adenda del Ejecutivo. Además, la Cámara de Diputados pidió a la Presidencia retirar dicho documento.
A las 13:00 de este lunes se realizó la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto que tenía como labor principal estudiar la adenda del Ministerio de Economía que incorporaba aumentos de sueldo para 125 legisladores y para integrantes del Ejecutivo.
En la ocasión, los integrantes aprobaron por mayoría, la derogación de los reajustes incluidos en el documento.
Esta decisión se suma a la de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, solicitó al Poder Ejecutivo el retiro de la adenda.
Así también, el movimiento Honor Colorado, en sus bancadas de ambas cámaras, sentó postura en contra de los incrementos y adelantó que no acompañará el pedido. En el mismo sentido se pronunció Fuerza Republicana en la Cámara Baja.
Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana, confirmó en una entrevista con Gen-Nación Media que, fueron los legisladores quienes solicitaron esta serie de aumentos, y que, muchos de ellos cambiaron de postura al ver la reacción generada.
El titular del Congreso, Silvio Ovelar, también conoce a los responsables y esta mañana afirmó que fueron diputados los que tuvieron la cuestionable iniciativa, no así los senadores.
Fuente: HOY
La portación de documentos personales en formato digital (en celulares o computadores personales), todavía plantea algunos aspectos que deberán abordarse, para garantizar alta seguridad, según señalan expertos de la materia informática.
El portal web paraguay.gov.py habilitará la validez de la portación de los documentos virtuales como la cédula de identidad, la licencia de conducir, la cédula verde y la habilitación vehicular.
De este modo, los documentos ciudadanos en formato virtual tendrán la misma validez que la versión física. El presidente Santiago Peña promulgó la ley de validez digital de documentos de portación obligatoria.
Sin embargo, aún no puede ser aplicada en razón de que, antes requiere de reglamentación. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) afirmaron que, como la web ya existe, el proceso para la entrada en vigencia podría ser a fin de año.
Al portal para este servicio podrá accederse con la aplicación Paraguay Py, disponible en IOS y Android. Será gratuita y contará con un apartado para el pago de aranceles, ya que habrá trámites en línea.
Cabe indicar que, la renovación de la cédula seguirá realizándose en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Este ente trabajará igualmente en coordinación con el Registro Único del Automotor, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
No obstante constituir un avance, el proceso de digitalización de esos documentos, según expertos de informática, plantea aún cuestiones de seguridad que deben ser tenidos en cuenta para evitar ataques y robos de identidades, por parte de delincuentes que no dejarán de intentar acciones ilícitas para perpetrar fraudes.
Fuente: HOY
Un video expuso los graves hechos de maltrato a unos cadetes en el Regimiento Escolta Presidencial. Dos uniformados habrían golpeado con tablas de madera a unos subalternos; ambos ya fueron identificados y están recluidos en Viñas Cué.
En el Regimiento Escolta Presidencial se produjeron hechos de maltrato a unos cadetes, según denunciaron sus familiares. En un video viral se observa supuestamente a Gustavo Ángel Mármol Azar y Hugo Roque González, subtenientes de Infantería, golpeando con tablas de madera a dos subalternos. Tras investigaciones, se pudo detener a los responsables del abuso y ambos militares ya guardan reclusión en la Dirección de Servicios de Justicia Militar-Prisión Militar de Viñas Cué.
Consultado al respecto, el Gral. Óscar González, ministro de Defensa, expresó su completa indignación por este grave maltrato a los cadetes. “Es un hecho que nos golpea fuerte como institución y lo que a nosotros nos compete hacer es tomar medidas muy fuertes. Empezamos a tomar las medidas correctivas y de sanciones para que estos hechos no vuelvan a repetirse. En absoluto no es la política que queremos implementar”, dijo.
En entrevista con la radio 650 am, la autoridad sostuvo que está bien que exista una rigurosa disciplina entre los militares, pero que de ninguna manera puede llegar a hechos de salvajismo, tal como puede apreciarse en el audiovisual difundido.
“Cuando me entere por esto fue un impacto porque echa por tierra todo el esfuerzo que estamos haciendo por instalar en la sociedad a unas FF.AA amigables. Estos hechos nos indignan a todos. Repudiamos y vamos a dar una señal clara, voy a estar atento, alerta, para que la Justicia militar tome las medidas que correspondan. Vamos a sancionar con toda la rigurosidad que permita la Ley Penal Militar”, arguyó.
González adelantó que aquellos comandantes que no controlen este tipo de desmanes en sus cuarteles, van a recibir una respuesta del Estado bien firme, además de ser sancionados los actores materiales.
Un estudio publicado por el medio Folha de San Paulo sostiene que, los brasileños pagaron íntegramente la deuda de la construcción de la represa de Itaipú. Desde Paraguay, el Ministerio de Economía refuta con argumentos estas afirmaciones.
Los resultados de un análisis elaborado por el Instituto Acende Brasil sobre el flujo de ingresos y dispensas de la usina, en el marco de la renegociación de Itaipú, señalan que, los brasileños pagaron integralmente la construcción de la represa.
Según el informe, Brasil pagó a la hidroeléctrica USD 85,7 billones en el periodo de 1985 a 2022, mientras que, Paraguay recibió USD 5,9 billones.
“El Brasil pagó todo, basta con ver el flujo de dinero. Pagó la deuda, la operación, el costeo. Todo fue bancado por los consumidores de energía del lado brasileño”, afirmó Claudio Sales, presidente del instituto que realizó el estudio.
Para el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, este análisis carece o ignora completamente conceptos económicos muy básicos. Cuando uno compra o consume un bien o servicio, en el precio que se paga está el costo de todos los “insumos” (además del lucro correspondiente si hubiere).
El costo de “insumos” incluye lógicamente el costo de financiamiento. “Entonces si como 10 tortas y mi hijo solo 1, yo pago mucho más del costo de la harina que usa la panadería y también de los intereses y capital por el préstamo tomado del banco. Pero es lo normal y razonable”, expresó el secretario de Estado.
Indicó que, Brasil, al haber consumido por lejos la mayor cantidad de energía, pagó mucho más de los intereses y capital debidos por Itaipú, de los salarios y otros costos operativos, que forman parte del costo de la tarifa o del precio del bien que ellos estuvieron consumiendo.
Lo irregular hubiese sido que, al haber consumido 10 tortas, Brasil haya pagado igual fracción de los intereses y capital adeudados que Paraguay que comió 1 torta, apuntó. Esto no considera quién finalmente recibía estos intereses, que mucho tiempo estuvieron por encima del precio de mercado.
El emprendimiento Itaipú se realizó en el entendimiento de que el retorno del mismo (energía) superaba largamente los costos (préstamos, etc.). Entonces, quien más se beneficia del mismo, no es quien paga menos de los costos, sino quien aprovecha más los retornos (consume más energía).
El estudio recuerda que, por Tratado, se acordó que Itaipú no tendría lucro. La tarifa de energía debe ser el valor necesario para cubrir el costo unitario de los servicios de electricidad, es decir, el valor exacto para el funcionamiento de la hidroeléctrica.
Entre los grandes ítems, recuerda, figuran los royalties por el uso del agua de ambas márgenes, el costo de exploración que, en la práctica agrupa las dispensas para la operación y el mantenimiento de la usina, así como los costos financieros, cuyo mayor porcentaje fue la deuda contraída para la construcción de la represa, que representó históricamente el 60 %.
Llamativamente, la publicación se da en coincidencia con el inicio de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú que, por cierto, debía iniciar el jueves pasado, pero que fue postergado por Lula.
Fuente: HOY
El Instituto de Previsión Social tiene deudas millonarias con proveedores. Pero lo que le adeudan (las patronales de empresas y el Estado) superan a los compromisos a honrar. Esta es la otra cara de la moneda de la corrupción que corroe a la previsional, y que clama, por parte de los asegurados, el fin de los robos y la salud financiera.
El Director Jurídico de la previsional, José González, en entrevista con el Canal GEN, señaló que los hechos de corrupción son uno de los graves problemas heredados, que deberán desactivar, ya que una gran parte de los millonarios egresos, están basados en ella.
“Lo primero es la denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público, con respecto al informe negativo que ha enviado la Contraloría general de la República con respecto a insumos por las que se pagó, no se encontraban en la dependencia, no se encontraban en los depósitos o no se podía identificar en qué depósito estaban. Luego, tenemos el pago de combustible por más de un billón de guaraníes, que corresponde al año 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. Así también había obras pagadas, certificada, pero no ejecutadas. Se tiene que determinar a las irregularidades de cada una de estas operaciones, que corresponde a 16 meses y todo el año 2022″, expresó González.
Agregó que los informes de auditoria de la Contraloría, han revelado irregularidades que exige llegar al fondo, al efecto de esclarecer el uso que se dio a recursos que, en primera instancia, no fueron destinados para lo que estaba estipulado.
“Hay otros casos más, como el registro de proveedores del año 2022, porque también nos pide libros contables, libros de auditoría, informe auditoría correspondiente al año 2018 2019 – 2020 2021. Nosotros encontramos, cuando asumimos, que hay servicios que fueron prestados por la institución por fuera de un contrato, por fuera la ley 2051 de Contrataciones Públicas. Tenemos que limpiar la institución. La orden del presidente es sanear la institución, hacer la auditoría, hacer los sumarios para eventualmente hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Pùblico”, acotó.
Apuntó que otra grave irregularidad, es el caso de la infraestructura para armar salas de cirugía en el sèptimo piso del Hospital Central, por la que se debía destinar US$ 80 millones, que depositaron en el lugar, pero no había ningún registro.
LAS DEUDAS
Josè González remarcó que lo que adeudan a IPS (el Estado y las patronales, más las evasiones) totalizan los 1.300 millones de dólares, mucho más de lo que la institución adeuda a proveedores (alrededor de los 800 millones de la moneda estadounidense).
“Nosotros hemos determinado deudas con los laboratorios, sin embargo nunca se habló, y esto es lo paradójico, de la deuda de lo que se le debe al Instituto de Previsión Social. La administración anterior dejó de emitir los títulos de crédito, dejó de hacer la certificación de las deudas para enviar a la dirección jurídica, para iniciar las acciones legales. Cuatro años dejaron de emitir títulos de crédito. Tenemos más de 500 millones de dólares en deuda de las patronales con IPS, de las instituciones públicas con IPS.
MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS
El asesor jurìdico de la previsional volvió sobre el tema de la corrupción en el ente, señalando que no solo en licitaciones y proveedurías se perpetraron hechos de corrupción. Explicó que entre personal administrativo y médico, se detectaron graves hechos irregulares.
“Hay funcionarios que pedían plata a los asegurados por servicios que ellos tenían que hacer de forma gratuita. Nosotros denunciamos también a personal de blanco y personal administrativo”, acotò.
Se quería hacer una planta quirúrgica en el piso 7 del hospital un día me hizo el presidente por favor quiero que la acompañes al gerente de abastecimiento y a la directora de mantenimiento que estaba asumiendo porque encontramos la parte de atrás del hospital en nuestro inventario en un lugar no recomendable ni siquiera estaban en un depósito también habían equipos de la planta de oxígeno que no tenían que estar ahí la información hicimos un inventario que no encontramos ningún respaldo y por otro lado al departamento correspondiente al administrador de contrato y nos informan dentro de uno de los puntos en el año 2022 se hizo un informe técnico por un ingeniero está en condiciones de soportar lo que sería una planta quirúrgica Los pilares yo justamente pedí también si los días nunca supera el porcentaje mínimo la empresa y aplicarme la multa correspondiente dentro del instituto de previsión social no tiene un período para imputar O sí una vez que imputa tiene un período de seis meses de investigación específico por parte del ministerio público estafa sobre los casos de las personas que vendían contrato que Esa plata o sea estamos en conversaciones concretamente Ministerio de salud privados defendería su posición en una mesa de negociación verdad y laboratorio para poder sanear aplausos estudios para cobrar lo que se le debe 4 años dejamos de emitir título de crédito esta administración lo ha demandado Muchas gracias
Fuente: HOY
Tras el paso del tornado por el distrito de Mbocayaty del Yhaguy, en Cordillera, varias familias quedaron prácticamente sin nada luego de perder sus viviendas. Ahora apelan a la solidaridad, a la espera de la asistencia por parte de las autoridades.
Una fuerte tormenta azotó a varias regiones del país durante la tarde de ayer, incluyendo el departamento de Cordillera, donde inclusive llegó a ser registrado un tornado en la zona de Mbocayaty del Yhaguy.
Videos compartidos en grupos de WhatsApp y redes sociales muestran la ferocidad del torbellino (cuya categoría no fue confirmada de manera oficial), el cual arrasó con un sector de esta localidad y dejó sendos destrozos a su paso.
De acuerdo al informe de la periodista de Nación Media Rosa Pereira, la zona actualmente se encuentra sin energía eléctrica, ya que el cableado de la ANDE se vino abajo junto con los postes de luz, y también sin servicio de agua potable.
“La situación es catastrófica”, afirmó la concejal Lucila Rodríguez, quien lamentó la pérdida de una vida humana durante el intenso temporal de ayer.
Graciela Barrios, la pobladora cuyo video del desesperado pedido de ayuda se hizo viral, relató los momentos de terror que le tocó vivir durante los minutos que duró el tornado. “Me senté llorando y le pedí a Diosito que hasta ahí nomás (sea)”.
Ante la desesperación que la agobiaba al ver cómo el techo de la vivienda salía volando a causa de los fuertes vientos, no tuvo otra idea más que, entre lágrimas, pedir a Dios que los socorra para evitar que el hecho pase a mayores, según cuenta.
Por su parte, Saturnino Medina comentó que cuando iba llegando el tornado sintió cómo el viento soplaba con más intensidad. Al ver que la vivienda estaba derrumbándose, abrazó a su hijo para protegerlo de los escombros que iban cayendo.
Una vez acabó el temporal, ambos se percataron que habían quedado sin nada ya que su casa se vino completamente abajo, sumándose a la lista de damnificados en Mbocayaty del Yhaguy.
Se estima que unas 17 familias quedaron afectadas por el paso del temporal en este distrito de Cordillera, con sus viviendas total o parcialmente destruidas. Actualmente están siendo asistidas por personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a la espera de recibir donaciones de alimentos no perecederos, agua mineral, colchones y prendas de vestir.
Un veterinario que tramitó documentos truchos para que ganados vacunos robados, puedan ser vendidos como legales, fue condenado a 4 años de cárcel. El mismo "trabajó" en ese sentido para un grupo que asesinó a una pareja de ancianos y a dos de sus pequeños nietos. En el juicio no detectaron su complicidad en el crimen, pero sì en el blanqueo del abigeato posterior.
La Cámara de Apelación de Filadelfia, integrada por Carlos Miranda, Shirley Romero y Emigdio Castillo, ratificó la condena de 4 años de cárcel al veterinario Juan Casimiro Galeano Núñez, condenado por los delitos de abigeato y asociación criminal en el marco del caso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
El condenado pisará la cárcel una vez que quede firme en la Corte Suprema de Justicia la sentencia condenatoria. Los abogados del sentenciado son Juan Martens y Roque Orrego. El juez de primera instancia Gustavo Martínez había condenado a Galeano Núñez a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel bajo la figura de procedimiento abreviado.
Meses atrás un tribunal de sentencia del Chaco integrado por Amado Yuruhan, Rosana Ortiz y Fanny Cáceres condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando 40 años de pena privativa de libertad, a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató.
Meses atrás un tribunal de sentencia del Chaco integrado por Amado Yuruhan, Rosana Ortiz y Fanny Cáceres condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando 40 años de pena privativa de libertad, a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató.
El colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado.
El abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato. El colegiado consideró probada la existencia de los hechos punibles mencionados más arriba y ha condenado a cada acusado por los delitos citados. La querella adhesiva consideró que se hizo justicia al llegar a la sentencia condenatoria. En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños.
El homicidio ocurrió en julio de 2019. El agente fiscal Andrés Arriola acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.
Fuente: HOY
