Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies y basado en la politica de privacidad de Google Adsense. Puede leerlo en el enlace a continuación
LA NOTICIA DESTACADA
La senadora y presidenta de la Comisión de Familia y Niñez, Lizarella Valiente, destacó que la iniciativa popular (respaldada por más de 50....
La senadora y presidenta de la Comisión de Familia y Niñez, Lizarella Valiente, destacó que la iniciativa popular (respaldada por más de 50.000 firmas) busca resguardar la indemnidad infantil y respaldar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores, sin prohibir la enseñanza de principios fundamentales como el respeto mutuo.
En una entrevista con Hoy Digital, la senadora colorada Lizarella Valiente aborda el proyecto de ley presentado por el sector profamilia en contra de la llamada ideología de género.
Senadora, siempre enfatiza la necesidad de hacer prevalecer el interés de los menores. Desde su perspectiva, ¿cómo logra este proyecto de ley blindar la inocencia y el desarrollo biológico de los niños frente a influencias o contenidos que puedan confundirlos?
-Es un proyecto que protege el desarrollo armónico de los niños, la indemnidad, que es su derecho a no sufrir interferencias en el proceso de formación de su personalidad, especialmente en lo relativo a su dimensión sexual y su identidad biológica.
La ideología de género, que sostiene que el sexo es una construcción sociocultural o que la identidad sexual puede desvincularse de la biología, atenta contra ese derecho.
A quienes expongan a los niños a contenidos que confundan o siembren la duda respecto a esto, serían sancionados. De esta manera, se resguarda su desarrollo armónico e integral, tal como lo exige el artículo 54 de la Constitución Nacional.
-Para tranquilidad de la ciudadanía, ¿de qué manera el proyecto asegura que la ley penalice directamente los intentos de adoctrinamiento y confusión en menores, sin interferir en la educación básica en valores humanos y el respeto mutuo?
-El proyecto no prohíbe la educación sexual biológica ni la enseñanza de valores como el respeto, la dignidad o el cuidado mutuo. Lo que sanciona es la promoción dirigida a niños de la idea de que el sexo es una construcción social o que la identidad sexual puede desvincularse del cuerpo biológico. El art. 14 del Código de la Niñez y Adolescencia, dispone que el niño tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, su cultura y valores familiares.
-Como presidenta de la Comisión de Familia y Niñez, ¿qué pilares fundamentales considera que aporta esta iniciativa ciudadana para fortalecer el marco legal de protección a los niños?
-Aporta tres pilares principales: protege el mismo bien jurídico del abuso sexual en niños (la indemnidad), refuerza el mandato constitucional del artículo 54 sobre el desarrollo armónico e integral del niño, y resguarda el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su cultura y valores familiares, reconocido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
-Si la normativa es aprobada, ¿cómo se prevé su implementación en las instituciones educativas públicas y privadas? ¿Qué herramientas o garantías tendrían los padres de familia para supervisar que los contenidos escolares respeten la identidad natural de sus hijos?
-El proyecto prevé la sanción de quienes incurren en estas prácticas; por lo tanto, lo que se espera es que desaliente el pretender hacerlo. Los padres y ciudadanos en general, si llegaran a tomar conocimiento de estas conductas, podrán denunciar ante las autoridades judiciales a fin de que se proceda a una investigación y, si resultaren responsables, sean sancionados.
-Para dar claridad y para que la ciudadanía sepa de qué se está debatiendo, ¿podría mencionarnos qué tipo de materiales o programas educativos, que hoy se intentan promover a través de financiamiento externo o ciertas organizaciones, quedarían estrictamente regulados o restringidos con esta ley?
-Quedarían restringidos aquellos materiales, programas o actividades dirigidos a niños que promuevan la idea de que el sexo es una construcción sociocultural o que la identidad sexual puede desvincularse de la identidad biológica. Esto incluye los contenidos educativos que sostienen esa perspectiva.
-Algunos sectores de la oposición cuestionan algunos aspectos de la redacción técnica del texto original. ¿Qué responden a estos cuestionamientos?
-El proyecto es una iniciativa ciudadana, especialmente de padres de familia con una legítima preocupación por sus hijos y que tiene el respaldo de más de 50.000 ciudadanos paraguayos, por lo tanto, es completamente atendible. En cuanto a la redacción del proyecto, el Congreso lo estudiará y caso deba realizarse algún ajuste para que cumpla con el objetivo, entonces lo haremos, pero lo que no podemos dejar de hacer es de atender lo que los padres de familia están pidiendo y que como legisladores estamos obligados a estudiar.
-El proyecto ingresó respaldado por una gran marcha y más de 50.000 firmas bajo la iniciativa popular. ¿Cómo cree que influirá este apoyo de las familias en el ánimo de sus colegas senadores a la hora de debatir y votar el proyecto?
-Este apoyo ciudadano es un mandato claro. Más de 50.000 paraguayos firmaron la iniciativa popular y miles marcharon mostrando al país el interés en defender a los niños en Paraguay. Este acompañamiento de las familias y ciudadanos es también un respaldo para todos los colegas al momento de debatir y votar, porque se trata de una demanda legítima de la ciudadanía en defensa de sus hijos.
Fuente: HOY
El Tribunal de Sentencia halló culpable al exsenador Hernán David Rivas Román de hacer valer un título académico falso para ejercer como profesional, en un fallo emitido tras el juicio oral por el registro irregular de su documento en junio de 2020.
En el transcurso del juicio oral y público, el tribunal comprobó que el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) carece de antecedentes de formación universitaria.
A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de penitenciaría, el voto mayoritario del colegiado resolvió fijar la condena en 8 años de privación de libertad.
Las juezas María Fernanda García y Yolanda Portillo impusieron la pena de 8 años de prisión, mientras que el juez Juan Carlos Zárate votó en minoría por 14 años de cárcel.
Durante la lectura del fallo, la jueza María Fernanda García, presidenta del Tribunal, fue contundente al señalar que “no existen registros académicos” que respalden la formación universitaria del condenado.
La magistrada sostuvo que en el debate oral se demostró que el acusado no realizó el trayecto requerido para obtener la calidad de abogado, remarcando que Rivas Román no hizo valer solamente un documento, sino que hizo valer una condición profesional.
Las indagaciones revelaron graves inconsistencias en los antecedentes presentados por el exlegislador para respaldar su título.
“La ausencia generalizada de recuerdos refuerza nuestra conclusión, la figura de un alumno que aparece solo en dos instrumentos, estamos en definitiva ante un alumno fantasma”, expresó la jueza.
Fuente: HOY
Una serie de investigaciones periodísticas de Joel Corvalán destapan un esquema generalizado de presunta corrupción y despilfarro en las municipalidades de Humaitá, Guazucua, Isla Ombú y Paso de Patria. Desde transferencias a esposas de intendentes hasta inauguraciones de rutas antes de ser licitadas marcan la gestión de los fondos públicos.
Las arcas municipales se convirtieron en un agujero negro de dinero público. Una investigación exhaustiva a las rendiciones de cuentas de cuatro municipios expone cómo las administraciones locales justifican miles de millones de guaraníes en obras inexistentes, facturas dudosas y favoritismo político. El patrón de irregularidades se repite y se agrava en cada localidad.
HUMAITÁ: RUINAS A PRECIO DE ORO
Bajo la gestión de Julio Caballero Duré, se pagaron más de Gs. 169 millones para la supuesta “refacción total” del salón municipal, pero el edificio presenta un deterioro deplorable. Los pagos se hicieron a la Constructora RF Group e incluyeron Gs. 36 millones solo en tejas. Además, justificaron Gs. 1.320 millones en inversiones viales, pero el camino a Curupayty sigue siendo un profundo socavón. Como agravante, la Municipalidad no cuenta con datos ni rendiciones del año 2024.
GUAZUCUA: LA COMISIÓN FAMILIAR
En solo 11 meses, el intendente Utilio Riveros transfirió G. 800 millones de la municipalidad a una comisión liderada por su propia esposa. Los millonarios desembolsos se respaldan con facturas flojas de papeles y nula justificación de obras. El caso despierta serias sospechas de financiamiento político con fondos públicos, ya que la esposa del jefe comunal es actual candidata a intendenta.
ISLA OMBÚ: MÁS DE GS. 2 MIL MILLONES EN FANTASMAS
Las inconsistencias entre los fondos ejecutados y la realidad superan los G. 2.000 millones. En los papeles figuran G. 33 millones para reparar el matadero municipal y G. 1.341 millones para mantenimiento de caminos, pero las instalaciones siguen en ruinas y las vías intransitables. A esto se suman recientes gastos por alquiler de maquinarias cuyos resultados nunca se vieron en la comunidad.
PASO DE PATRIA: INAUGURACIONES ANTES DE LICITAR
El descaro administrativo alcanza niveles récord. La investigación detectó pagos por adoquinados a G. 1.053.000 el metro cuadrado, un sobreprecio abismal comparado con los G. 180.000 que abona la Gobernación por el mismo trabajo. Además, hay cerca de G. 1.000 millones presupuestados en obras que no existen.
La administración rindió G. 276.500.000 para mantener accesos a escuelas como Yataity Cora y Paso Canoa, tramos que continúan totalmente abandonados. Por si fuera poco, inauguraron pavimentos hasta 5 meses antes de formalizar el llamado a licitación, registrándose adjudicaciones cruzadas a constructoras (SAP y Ojeda) vinculadas a candidatos políticos de la zona.
Fuente: HOY
El autor material del brutal asesinato de la adolescente María Fernanda finalmente fue condenado a ocho años de cárcel, pena máxima prevista para los menores de edad con la ley que regía al momento en que ocurrió el hecho.
El joven, que hoy ya es mayor de edad pero era menor en mayo del año pasado, fue hallado culpable del crimen de María Fernanda y recibió la sentencia de ocho años de cárcel, tal como lo solicitó la Fiscalía.
En paralelo, ya se había llevado adelante el juicio a los mayores de edad involucrados en el caso.
Mikhaela Rolón fue condenada a 10 años de cárcel, pena que cumplirá en el penal Comple de Mujeres.
Rolón fue hallada culpable de instigación a cometer feminicidio. Tendrá su pena compurgada el 3 de junio del 2035, según el presidente del Tribunal de Sentencia, Luis Ovelar.
Por su parte, Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que proveyó los abortivos, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad por tentativa de aborto y frustración de la persecución y ejecución penal. Proveyó información y fármacos abortivos al autor de la muerte de Mafe y estaba en pleno conocimiento del uso de esos abortivos.
Armando Silva y Karent Villar (padres del supuesto autor) fueron condenados a cuatro años y medio de prisión por simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito terrestre, tras denunciar la falsa desaparición de su hijo mientras mantenían contacto con él.
Ricardo Andrés Villamayor: condenado a 3 años de prisión por trasladar y ocultar al presunto feminicida en varias propiedades entre el 30 y el 31 de mayo de 2025. También escondió la motocicleta usada en el delito.
En marzo del 2025, María Fernanda comenzó a sospechar del embarazo. A principios de abril ella y el novio fueron al hospital a hacer una prueba que confirmó el embarazo. Desde entonces comenzaron a discutir y a distanciarse, ya que el joven quería que Mafe abortara, pero ella se negó.
Ya habían pasado tres meses hasta que un día, según una testigo, acordaron encontrarse para decidir qué hacer, pero desde entonces no supieron nada de ella, pues el crimen ya se había cometido.
La autopsia reveló que María Fernanda murió por un traumatismo craneoencefálico por un golpe contundente y se descarta que haya sido quemada viva.
Además, hallaron lesiones en el cuello uterino con un una pinza, pero el aborto no se consumó, pues el feto estaba intacto con 14 semanas de gestación.
Fuente: HOY
La Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Servicios Urbanos, instó a los ciudadanos, comerciantes y representantes de empresas e instituciones a abstenerse de la disposición irregular de residuos en la capital. Advierte con aplicar sanciones penales a quienes incumplan la ley.
La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.
Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.
A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.
Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.
Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.
Fuente: HOY
La Fiscalía ordenó la detención del abogado Walter Ramón Acosta, de 49 años, por la agresión registrada contra una inspectora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), al negarse a la inspección de una estación de servicios en la localidad de Tavapy, en el departamento de Alto Paraná. Un video viralizado registra el momento en que dio una bofetada a la funcionaria Lourdes Teresita Cuevas, de 46 años.
La fiscal interviniente, la doctora Rocío Celeste González Alvarenga, ordenó la detención preventiva de Walter Acosta y confirmó que será imputado por coacción, coacción grave y otros hechos como los de resistencia ante la verificación administrativa, ya que se trataba de una inspección de un órgano estatal. La misma remarcó que el agresor se expone a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
La fiscal comentó que tras la denuncia pudieron evidenciar que la agresión no se limitó a la cachetada, sino que la funcionaria habría sido empujada y golpeada en el brazo; así también un segundo funcionario, identificado como Luis Armando Duarte, recibió varias patadas y empujones por parte del abogado. Todo lo ocurrido quedó debidamente documentado tras una inspección médica y fiscal, así también el INTN presentará los videos tomados durante la intervención.
“Nos sorprendió las lesiones en los brazos, porque teníamos entendido que fue una cachetada, pero la funcionaria nos dio su versión detallada; aparentemente fue empujada por el mismo agresor. Ella quedó bastante dañada, está muy mal, se encuentra rodeada ahora de su equipo, dándole la contención necesaria”, detalló la fiscal González Alvarenga en conversación con la 1080 AM. Según las informaciones preliminares, el abogado Walter Ramón Acosta ya había sido detenido en 2017 en Tavapy por defender a un cliente utilizando la violencia durante una intervención en el marco de un conflicto relacionado con tierras.
El INTN, así como el Ministerio de Trabajo, se pronunciaron en contra de las agresiones hacia los fiscalizadores, remarcando el total apoyo de la institución hacia los trabajadores afectados y solicitando que las autoridades competentes actúen conforme a la gravedad del caso. “La seguridad y el respeto son principios fundamentales en el ejercicio de la función pública. Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de quienes desempeñan tareas de fiscalización”, expresa parte del comunicado del MTESS.
Fuente: LN
El juez Amado Arsenio Yuruhan Díaz, enjuiciado por mal desempeño en sus funciones, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y acusado por la fiscalía por el hecho punible de acoso sexual presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público contra el ministro de la Corte y titular del JEM, César Garay, así como contra varios camaristas, jueces de primera instancia y fiscales.
El denunciante debe enfrentar este lunes la audiencia preliminar por el caso de acoso sexual donde un juez penal de garantía de Filadelfia deberá resolver si Yuruhan Díaz estará sentado en el banquillo de los acusados. Además de los camaristas, jueces y fiscales, también fue denunciada Mirian Marecosm administradora de la sede judicial de Boquerón, quien igualmente tiene varias críticas realizada por la ciudadanía del Chaco.
Los hechos punibles que denunció el magistrado enjuiciado son persecución de inocente, tortura, denuncia falsa, coacción grave, simulación de un hecho punible y asociación criminal. El escrito presentado en sede fiscal menciona que el ministro Garay supuestamente propicio un procedimiento penal en contra del denunciante utilizando a la fiscala Claudia Aguilera y a los demás denunciados.
Ahora se deberá designar a un fiscal para que pueda estudiar la denuncia presentada por Yuruhan y a su vez deberá realizar los actos investigativos y analizar si corresponde presentar la desestimación de la denuncia o alguna imputación.
Fuente: LN
14/10/-24.- Un incendio ocurrió en la cárcel de Ciudad del Este producto de un cortocircuito. Las llamas se avivaron rápidamente y fueron evacuados 150 reclusos. No se reportan heridos.
Bomberos voluntarios acudieron a la cárcel de Ciudad del Este para combatir un incendio que afectó a un pabellón durante la noche de este domingo.
El fuego comenzó en el Pabellón C, en la planta alta, según informes del Ministerio de Justicia. La causa del fuego habría sido un cortocircuito.
La institución penitenciaria activó sus protocolos de seguridad para permitir el ingreso de los bomberos y se evacuó a unos 150 reclusos. No se reportaron heridos.
Las autoridades penitenciarias solicitaron un dispositivo de seguridad en la zona ante el riesgo de fuga de reclusos, pero no se reporta ningún fugado.
Un informe de la Fiscalía revela que la violencia familiar es el delito más común en las comunidades de pueblos originarios. Los casos de lesiones, homicidios y abuso sexual infantil han aumentado, especialmente durante los fines de semana. Caaguazú, Amambay y Canindeyú son los departamentos más afectados.
En un análisis reciente de las causas legales correspondientes a 2023 y 2024, la Fiscalía ha descubierto que los casos de violencia familiar son los más comunes dentro de las comunidades de pueblos originarios en todo el país. Además de la violencia familiar, se han reportado delitos como lesiones, amenazas, homicidios dolosos, abuso sexual infantil, violación de domicilio, incumplimiento del deber de cuidado, coacción y riesgos comunes.
El consumo de alcohol y otras sustancias prohibidas suele agravar estos conflictos, resultando en lesiones y graves daños psicológicos para las víctimas.
Perfil de las Víctimas
Las víctimas de estos delitos incluyen principalmente a adultos (69%), seguidos por niños y adolescentes (25%), y adultos mayores (6%). En términos de género, el 64% de las víctimas son hombres y el 36% son mujeres. Los delitos más frecuentes contra las víctimas de comunidades originarias son lesiones, homicidios dolosos, abuso sexual infantil, delitos contra el medio ambiente, amenazas, estupro, homicidio culposo y coacción. Los agresores no siempre son miembros de las mismas comunidades.
Perfil de los Agresores
En los casos donde los autores son miembros de comunidades originarias, el delito más común es el hurto agravado, seguido por hurto, invasión de propiedad ajena, coacción, robo agravado, daño, amenaza, abigeato, lesiones y extorsión. Los agresores son en su mayoría adultos (79%), con una representación menor de niños, adolescentes (17%), y adultos mayores (4%). Además, el 85% de los agresores son hombres y el 15% son mujeres.
Estadísticas de Denuncias
El 77% de las denuncias involucra al menos una víctima, el 8% involucra a dos víctimas, el 2% a tres víctimas y el 13% a más de tres víctimas. En cuanto a los agresores, el 67% de las denuncias reportan un solo agresor, mientras que el 33% reporta a dos o más, incluyendo grupos de personas.
Días de Incidencia
La mayoría de los incidentes de violencia se registran durante los fines de semana, especialmente los sábados y domingos, que representan el 34% de los casos. Los conflictos familiares suelen estar asociados al consumo de alcohol. El 15% de los incidentes ocurren los lunes, otro 15% los viernes, el 23% entre martes y miércoles, y el 13% los jueves.
Departamentos Más Afectados
Los departamentos con mayor conflicto son Caaguazú, Amambay y Canindeyú. En estos lugares, los miembros de comunidades originarias a menudo se ven envueltos en actividades ilícitas como el cultivo de marihuana, y algunos incluso son utilizados para transportar sustancias. También se reportan casos de líderes asesinados por oponerse a las organizaciones criminales que intentan tomar control de sus territorios. Dora Penayo, directora de la Dirección de Derechos Étnicos, señala que el miedo a represalias impide que muchos casos sean denunciados.
Medidas del Ministerio Público
Para abordar estos problemas, el Ministerio Público ha creado un equipo técnico especializado en asuntos de pueblos originarios. Este equipo forma parte del Plan Estratégico Institucional, cuyo objetivo es fortalecer la defensa de los intereses de los pueblos originarios y mejorar la respuesta institucional ante estos preocupantes delitos.
La Fiscalía investiga el fallecimiento de una bebé tras ser brutalmente violada. Los padres y la abuela de la víctima quedaron detenidos.
El fiscal Rodolfo Colmán expuso a radio 100 AM que interviene en el caso de la bebé de 1 año y 4 meses que falleció tras ser llevada al Pabellón Pediátrico del Hospital de Coronel Bogado.
El interviniente refirió que, según el informe patológico, la pequeña fue víctima de un abuso sexual, lo cual le ocasionó el deceso. “Es la primera vez que escucho en mi vida, la causa de muerte fue abuso sexual. Tuvo hemorragias en la zona afectada pero no significativamente graves. La bebé colapsó por el sufrimiento y estrés sufrido en el momento, le destrozaron los genitales”, comentó.
Por este caso, ambos padres y una abuela quedaron detenidos en la Comisaría Sexta mientras se lleva a cabo la investigación. Despertó dudas que los progenitores hayan decidido trasladar a la bebé desde Encarnación hasta el Hospital Distrital Dr. Marcelino Rodríguez en Coronel Bogado, pese a que en su ciudad hay un centro de mayor complejidad.
El agente fiscal expuso que los tres adultos y la niña, además de un medio hermano de la misma (tendría entre 9 y 12 años), convivían en una precaria habitación. “Fui a la casa de donde le trajeron a la niña ya muerta al hospital de Coronel Bogado, y ahí confirmé que fue en un ambiente de submundo”, indicó.
Sobre el otro niño, Colmán mencionó que habría quedado al cuidado de una tía y que ahora verán de ubicarlo para determinar si fue también víctima de abuso o si llegó a presenciar lo que ocurrió con su hermanita.
Fuente: HOY
23/08/24.- La investigación fue iniciada a raíz de la información remitida por el Ministerio Público de Chile, por medio de la cual se puso a conocimiento de la Fiscalía, la existencia de una supuesta red internacional que llevaba a mujeres paraguayas con fines de explotación sexual.
Las agentes fiscales Carina Sánchez y María Isabel Arnold, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y como coadyuvante la agente fiscal Claudia Aguilera, encabezaron en la tarde de ayer, allanamientos simultáneos en las ciudades de San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, en el marco de una investigación conjunta llevada adelante con autoridades de Chile.
Los procedimientos se efectuaron en tres empresas transportadoras, de donde se recabó información y se incautaron documentos relacionados a varios choferes de camiones, identificados como los que habrían colaborado en el traslado de varias víctimas, mujeres de nacionalidad paraguaya, quienes habrían sido explotadas sexualmente en casas de citas en varias ciudades chilenas.
La investigación fue iniciada a raíz de la información remitida por el Ministerio Público de Chile, por medio de la cual se puso a conocimiento del Ministerio Público la existencia de una supuesta red internacional que se dedicaría a llevar a mujeres desde Paraguay con destino a varias localidades de Chile, tales como San Fernando, Talca, Linares y Pucón, con fines de explotación sexual.
La supuesta organización se dedicaría a captar mujeres paraguayas, por medio de una ciudadana paraguaya, quien se encontraría residiendo en Chile. Desde allí, a través de sus conocidos y amistades que se encuentran en Paraguay, ofertaría puestos laborales en Chile, tales como mucama o encargada de frutería, sin embargo una vez que llegaban a destino serían informadas del verdadero trabajo que realizarán. El mismo consistiría en mantener relaciones sexuales con distintos hombres en casas de citas que se encuentran en las localidades mencionadas.
Además, la pareja de esta se habría encargado de manejar las sumas de dinero obtenidas de la actividad delictual desarrollada y de controlar a las mujeres utilizando distintos medios como cámaras de vigilancia o imponiéndoles multas por incumplimiento de reglas establecidas, tomando como garantía los documentos de identidad de las víctimas.
En total, estarían involucrados 24 choferes, quienes habrían colaborado con la red en el traslado de al menos 35 mujeres paraguayas, de los cuales, 5 fueron detenidos el día de la fecha por personal del Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional.
Los procedimientos se realizaron en coordinación con el Jefe del del Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional, y contó con el apoyo de agentes de Interpol y de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Los allanamientos fueron ordenados por la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.
Fuente: HOY
Asunción. 13/08/24.- El Ministerio Público reportó el alarmante aumento de los casos de hechos punibles contra los niños y adolescentes en Paraguay.
Entre enero y julio de 2024, el Ministerio Público registró 11.482 casos de hechos punibles que afectaron a niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a aproximadamente 54 víctimas diarias. Estos datos fueron obtenidos de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público y revelan una preocupante realidad en el país.
En ese contexto, se atendieron 1.840 casos de abuso sexual en niños durante el primer semestre del año. Los meses de abril y mayo fueron los más críticos, con 300 casos reportados en cada uno. Los departamentos con mayores incidencias fueron Central con 736 denuncias, seguido por Alto Paraná con 205, Asunción con 156 e Itapúa con 101.
En cuanto al maltrato de niños, niñas y adolescentes bajo tutela, se registraron 936 denuncias. Los meses con más casos fueron enero y abril, con 152 y 156 respectivamente. Las regiones más afectadas fueron Central, Asunción y Alto Paraná.
Por otro lado, se documentaron 455 casos de estupro, con un pico en mayo, cuando se reportaron 94 denuncias. Los departamentos más afectados incluyeron Central, Alto Paraná, San Pedro, Guairá y Asunción.
Hubo 2.181 casos relacionados con pornografía infantil y adolescente. Los meses con más denuncias fueron abril y mayo, con 557 y 661 casos respectivamente. Las zonas con más reportes fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.
Así también, se registraron cinco casos de abuso por medios tecnológicos y cinco casos de actos homosexuales con personas menores. La mayoría de estos casos ocurrió en Central y Asunción, con otros reportes menores en Caaguazú y Canindeyú.
Además, el Ministerio Público atendió 1.256 casos de violación del deber de cuidado, con Asunción y Central liderando con 156 y 593 denuncias respectivamente. Además, se procesaron 4.804 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.
Ante el aumento de estos delitos, las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de abuso o maltrato y colaborar en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: HOY
Por terrorismo, asociación terrorista, detentación y otros hechos fue condenada a 25 años de cárcel Laura Villalba, enfermera del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se trata de la hermana de Carmen Villalba, líder del grupo criminal.
En el marco de un juicio oral y público, el Ministerio Público, representado por los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, solicitó al Tribunal de Sentencia la pena privativa de libertad de 25 años, más 8 años de medida de seguridad.
El Tribunal, que estuvo presidido por María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, determinó la pena de 25 años, más 6 años de medidas de seguridad, totalizando así 31 años de cárcel para la acusada detenida poco antes de acoplarse al grupo criminal.
En la oportunidad, se encontraron evidencias suficientes para iniciar el proceso, la imputación, la acusación y el posterior juicio oral y público. Estas pruebas, documentales e incluso testificales, fueron presentadas al Tribunal, que dictaminó finalmente la pena.
Antecedentes
De acuerdo con datos de la investigación, Villalba ingresó a Paraguay procedente de Argentina el 21 de diciembre del 2019 a fin de integrarse a las filas del grupo criminal que opera en la zona norte del país por pedido de los líderes, quienes desde la clandestinidad hicieron saber esto a los familiares radicados en el vecino país.
Del poder de la mujer se incautaron dinero en efectivo (dólares y guaraníes), documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográficas de menores de edad, imágenes satelitales y cartográficas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Concepción y Amambay, zona de influencia del EPP.
El informe de la Fiscalía indica además que de estas evidencias se pudieron observar montos con relación a pasajes, provistas, así como un listado para ensamblaje de explosivos caseros con los costos respectivos para la compra de insumos. También anotaciones con códigos que podrían guardar relación con posibles lugares y determinadas cantidades de ganado vacuno.
Secuestro y muerte de Natto
Al momento de su detención, Villalba también contaba con un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo PT99AFS y calibre 9 mm, que fue utilizada en dos hechos criminales. El primero, un secuestro y posterior homicidio doloso ocurrido el 25 de enero del 2015 en la estancia Santa Lucía del distrito de Yby Yaú, donde resultaron víctimas fatales Robert Natto y Erika Reiser de Natto; y el segundo, un homicidio doloso y producción de riesgos comunes ocurridos el 27 de agosto del 2016.
Fuente: LN
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) recepcionó más de 800 denuncias contra proveedores de bienes y servicios en el primer semestre del 2024.
De acuerdo a los últimos datos de gestión misional de la SEDECO, un total de 4.122 consultas ciudadanas fueron atendidas por la institución entre enero y junio de este año. Esto representa un promedio de casi 700 consultas al mes.
El 84% de las consultas corresponde a Capital y el Departamento Central, en tanto, el 16% restante a otros departamentos (Alto Paraná, Itapúa, Cordillera, Presidente Hayes, Paraguarí, San Pedro, Concepción, entre otros).
Durante el mencionado periodo, se formalizaron 814 reclamos contra distintos proveedores de bienes y servicios, lo cual da una cifra de más de 130 reclamos mensuales en promedio.
Entre los principales motivos de denuncias se encuentran cobro indebido (maltrato en la gestión de cobranza o variación unilateral del precio, entre otros), falta de información (sobre las características del bien o servicio ofrecido o sobre la falta de garantía, entre algunos ejemplos), así como publicidad engañosa y mal servicio.
Por su parte, los rubros más reclamados en este primer semestre son servicios financieros y seguros (31%), telecomunicaciones (24%), electrodomésticos y electrónicos (14%), salud (9%) y contacto comercial no deseado (5%).
Así también, se realizaron 675 audiencias conciliatorias entre consumidores y proveedores, recuperando a favor del consumidor casi G. 1.300 millones en la etapa de conciliación, según destaca el informe de la SEDECO.
Fuente: HOY
Ciudad del Este.- La fiscal Viviana Sánchez imputó a tres hermanos porque habrían abandonado a su madre enferma, de 83 años de edad, sin prestarle ayuda para movilizarse, ni asistencia económica para la subsistencia. Ya existía un acuerdo para el efecto, pero no fue cumplido por los tres hijos.
Los procesados son Marcelino González (56), Zulma Rigoberta González (57) y Antonia Vidalina González (60), quienes enfrentan cargos por los supuestos hechos punibles de violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados y por incumplimiento del deber legal alimentario.
Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el kilómetro 5,5 Monday del barrio San Miguel de Presidente Franco, resultando víctima una mujer que padece de mal de Parkinson, hipertensión y artritis, por lo que no puede movilizarse por sí sola, según el escrito fiscal de imputación.
La denuncia sobre el caso fue presentada por los vecinos, quienes se percataron de la situación. Posteriormente, la Fiscalía y la Policía realizaron una constitución en el lugar, ocasión en que encontraron a la persona prácticamente abandonada, sin la atención y el cuidado de ningún familiar.
De acuerdo a los datos recabados por la Fiscalía, la única hija que la cuidaba, Alba Rosa González, también se encontraba imposibilitada al ser una paciente con necesidad de diálisis regular, según consta en la carpeta de investigación fiscal.
El caso no es nuevo porque existe en la Defensoría Pública un compromiso de los hijos para la prestación alimentaria, pero no cumplieron. Entre los tres debían abonar por mes 1.100.000 guaraníes, a ser entregadas a la hermana Alba Rosa, quien cuidaba de la madre, pero no lo hicieron.
Ante el incumplimiento y la comprobación del estado de abandono de la mujer, los tres hermanos fueron imputados por la fiscal Viviana Sánchez, quien reunió varios elementos de sospecha contra las tres personas, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.
Fuente: LN
La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 28 años de prisión para el autor de un cuádruple homicidio cometido en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. El condenado es Miguel Ángel Caballero Rodríguez, alias “Papalo”. Los fallos fueron en primera y segunda instancia hasta que la Corte rechazó un pedido de casación.
Fueron víctimas Julián Samuel Duarte Rodríguez, Edilio Fernando Villalba Oviedo, Carina Soledad Villalba Giménez y Edgar Villalba Giménez. Por el caso, también está imputado y declarado en rebeldía el coautor del múltiple crimen, Gabriel Ramírez Domínguez, quien se encuentra prófugo.
El 10 de abril de 2023, Papalo fue encontrado culpable por homicidio doloso en juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, a cargo de un tribunal de sentencia integrado por los jueces Zunilda Martínez Noguera, Marino Méndez y Herminio Montiel.
Tras el fallo de primera instancia, la defensa del sentenciado apeló la resolución y la fiscal Vivian Sánchez enfrentó la medida. Luego, la Cámara de Apelaciones, conformada por los magistrados Liliana Lorena Benítez, Efrén Giménez Vázquez y Mirian Meza de López, ratificó la sentencia de 28 años de prisión.
Sin embargo, la defensa de Caballero Rodríguez recurrió a la Corte Suprema de Justicia y planteó un recurso extraordinario de casación. Pero, la sala penal de la máxima instancia judicial, compuesta por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declaró inadmisible el recurso planteado, quedando ratificado el fallo de primera y segunda instancia.
Antecedentes del hecho
El homicidio de las cuatro personas ocurrió en la madrugada del 13 de enero de 2020, en una vivienda ubicada en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, propiedad de una hermana del ahora condenado, quien era el encargado del lugar.
Aquella fecha, Miguel Ángel Caballero Rodríguez compartía una ronda de tragos con Gabriel Ramírez Domínguez y las cuatro víctimas, hasta que se inició una discusión entre ellos. Acto seguido, los dos agresores dispararon indiscriminadamente contra los otros cuatro, quienes fallecieron casi instantáneamente.
Luego, los criminales se deshicieron de los cuerpos y los abandonaron en un terreno cercano. Además, limpiaron la casa para borrar cualquier evidencia. Después, el encargado entregó la llave de la vivienda a su madre y huyó del lugar con su cómplice.
Sin embargo, Caballero Rodríguez fue capturado, juzgado y condenado a 28 años de prisión, sentencia que ahora fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Los órganos de control buscan a Ramírez Domínguez, quien tiene orden de captura nacional e internacional.
Fuente: LN
El Ministerio Público reveló datos sobre las tasas de homicidio doloso y de feminicidio de los últimos cinco años en Paraguay, señalando cómo crecían y decrecían según al cierre de cada periodo. El reporte destaca una reducción en la tasa de homicidio, ya que cerró el año pasado en 5,3.
El informe indica cifras de muertes violentas entre el 2019 y el 2023, señalando los datos de homicidio doloso y feminicidio por año por cada 100.000 habitantes. Resalta en especial el periodo de la pandemia, en el que los números aumentaron en ambos casos.
Respecto al homicidio doloso, en el 2019 la tasa fue de 7,6, en el 2020 disminuyó a 6,2, mientras que en el 2021 se observa que cerró en 6,5 por cada 100.000 habitantes. En el 2022 la tasa fue de 6,2 y el año pasado llegó a la cifra más baja del periodo analizado, alcanzando 5,3.
En cuanto al hecho punible de feminicidio, la tasa en el 2019 fue del 1,04, en el 2020 fue de 0,97, mientras que el 2021 cerró con 0,96. Para el 2022 la tasa se mantuvo en 0,97 y en el 2023 la cifra fue la más alta del periodo estudiado, cerrando el año con una tasa de 1,09.
Con la información obtenida se pudo determinar que el número de este hecho punible, se mantiene constante, sin que se dé un aumento o un descenso significativo, remarcaron desde el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público.
Hay que destacar que desde el Ministerio de la Mujer indicaron que en lo que va del año se reportaron 16 casos de feminicidio a nivel país, y que en comparación al corte de junio del 2023, este año la cifra se encuentra con seis puntos por debajo.
El juez Osmar Legal admitió la imputación contra Andrés Gubetich y su esposa por lavado de dinero y estafa, hechos que se le adjudican con la venta de cuatro inmuebles a un cirujano.El fiscal Marcial Machado, encargado de la investigación, presentó la imputación admitida por el juez Penal de Garantías, Osmar Legal contra Andrés Gubetich y su señora María Rosa Araújo, por estafa y lavado de dinero.Según la pesquisa, entre octubre y noviembre del 2021, la pareja logró vender cuatro inmuebles al cirujano Eustacio Rojas Alegretti, quien, pese a cumplir con el compromiso asumido, no pudo tomar posesión de ninguno de los inmuebles.El impedimento se debió a que las propiedades ya estaban hipotecadas o tenían usufructo de vitalicio, por lo tanto, nunca pudo acceder a ellas.El perjuicio económico es de USD 2.358.000, monto que reclama el denunciante en concepto de daño patrimonial.Gubetich había presentado una propuesta por los cuatro inmuebles, bajo el argumento de que necesitaba fondos para financiar su campaña política por la candidatura a la senaduría del actual periodo.El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para ambos, mientras prosigue el proceso.
08/05/24.- El Ministerio Público informó el ingreso de 714 denuncias por abuso sexual en niños en las diferentes oficinas del país, en los primeros tres meses del año. En el mes de marzo se registró la mayor cantidad de casos, con 265 denuncias.
Siguiendo con los datos del año 2023, en el departamento Central se recibieron más denuncias en el primer trimestre, con 327 casos. Alto Paraná 87, Asunción 70, Itapúa 62 y Caaguazú 42 denuncias ingresadas, según la Dirección de Denuncias Penales.
Cabe recordar que en total, 3.543 denuncias por abuso sexual en niños ingresaron en el Ministerio Público en el 2023.
Otros hechos punibles más denunciados y que afectan a menores son: Incumplimiento del deber legal alimentario: 8.261 casos; Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela: 1.562 casos; Pornografía relativa a niños y adolescentes: 108 casos; Abuso sexual en personas bajo tutela: 24 casos.
Asimismo, el cuarto mes del año 2024, abril, cerró con 197 denuncias, según los datos estadísticos de la Fiscalía.
18/04/24.- Un hombre fue condenado a 29 años y medio de cárcel por asesinar a su esposa y a su hija por orden divina, debido a que la última estaba poseída por un “espíritu maligno”. Su hijo también fue condenado a 10 años de prisión por haber ayudado a su padre a cometer el atroz doble feminicidio.
La agente fiscal Reinalda Palacios, de Pedro Juan Caballero, representó al Ministerio Público en el juicio oral en la causa por doble feminicidio que resultó en la condena de Pablino Giménez Ledesma y su hijo José David Giménez Romero, hallados culpables por la muerte de Patrocinia Romero y Noelia Giménez Romero, madre e hija.
Pablino Giménez fue sentenciado a cumplir una pena de 29 años y 6 meses, y su hijo cómplice a 10 años de privación de libertad.
El hecho fue descubierto en el mes de noviembre del 2021, en el asentamiento “Soberanía” del barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los antecedentes del hecho, Pablino asesinó a su esposa e hija con la ayuda de su hijo José en el mes de agosto del 2021, pero fue no fue hasta noviembre cuando fueron encontrados los cuerpos en el interior de la vivienda.
En ese entonces, el padre confesó que mató a su esposa e hija “por mandato de Dios”, ya que ambas estaban “endemoniadas” y para cometer el atroz hecho, pidió ayuda a su hijo, quien sujetó del brazo a su propia madre para que la pudiera matar.
“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija porque tenía muchos espíritus malignos. Reprendí al demonio y le tapé la boca “, había dicho Pablino a los medios de prensa.
Ambos cumplirán su pena en la penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Ana Aguirre, presidenta, Mirna Soto y Marcelina Quintana, como miembros.
Fuente: HOY
