El equipo de “La caja negra” accedió a los resultados de una auditoría interna dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El informe revela cómo operaba el esquema de protección a narcos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y ratifica la participación directa de un organismo del estado en esquemas narcocriminales.
Al esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en su momento en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, se suma un contundente informe de auditoría interna en el ente antidrogas que revela información clave respecto a cómo operaba internamente el “servicio” de protección a narcos durante el gobierno de Abdo Benítez. Tío Rico y Marset, de un lado; Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y Abdo Benítez, del otro, emergen como responsables directos de un esquema que convirtió a Paraguay en un centro de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la abierta complicidad del poder político de turno.
AUDITORÍA INTERNA
El resultado de una auditoría interna en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reveló detalles del esquema de filtraciones que operaba dentro de la institución al servicio de los narcos. El informe detalla los inicios de la investigación del operativo A ultranza Py, conocido inicialmente como Caso ARAI. Esta investigación se centraba en actividades de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, involucrando a varias personas y sociedades comerciales, lideradas por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La investigación del esquema narcocriminal más grande descubierto en los últimos años comenzó en noviembre de 2019, enfocándose inicialmente en un grupo de personas que proporcionaban logística aérea para el tráfico de drogas. Con el tiempo, la investigación se amplió, identificando nuevas sociedades y personas involucradas en un esquema más amplio y complejo de tráfico de drogas y lavado de activos a nivel transnacional.
A mediados del año 2021, la Senad accedió a chats encriptados utilizados por los investigados, obtenidos a través de autorizaciones judiciales de Francia. Estos chats se convirtieron en pruebas cruciales, revelando actividades delictivas desde el año 2020 hasta marzo de 2021. El análisis de estos chats, junto con intercepciones telefónicas, permitió a las agencias de investigación a nivel mundial desmantelar importantes organizaciones criminales, resultando en numerosos arrestos y la incautación de drogas, armas y bienes de gran valor económico.
En nuestro país posibilitó avanzar en la causa abierta contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Sin embargo, la Senad pudo determinar que este último contaba con un esquema de protección que le permitía tener conocimiento sobre los procesos investigativos o despliegues operativos que se desarrollaban en torno a sus actividades ilícitas, aparentemente mediante el pago de sumas de dinero a funcionarios públicos que integraban la fuerza de seguridad.
En la acusación presentada por el fiscal Pak aparecen transcripciones de mensajes entre Tío Rico con Sebastián Marset y Mauricio Swartzmann, respectivamente, y se menciona que el esquema de protección dentro de la Senad recibía pagos de hasta 100.000 dólares por cada informe de primera mano, que incluían planes de allanamientos, estados de investigaciones, informes de inteligencia sobre actividades criminales, entre otros.
FECHAS CLAVES
De acuerdo a la información consignada en el reporte de auditoría interna de la Senad, en marzo de 2021, la Senad detectó los primeros indicios de filtraciones de información, que fueron comunicadas internamente a la máxima autoridad y al agente fiscal correspondiente.
La ministra en ese momento era Zully Rolón, mano derecha de Arnaldo Giuzzio, a quien le llegó la información sobre las filtraciones y ordenó a mediados de 2021 que la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) sea elevada al rango de dirección, dependiendo directamente de ella. Los indicios de filtraciones registrados en ese entonces y pese a su extrema gravedad no fueron comunicados al Ministerio Público.
Según revela la auditoría, entre los meses de noviembre y diciembre de año 2021 se dieron nuevas filtraciones, situación que fue informada nuevamente a la máxima autoridad, Zully Rolón, de manera verbal y por medio de un memorándum con acuse de recibo de fecha 15 de diciembre de 2021.
Posteriormente, el 24 de marzo del año 2022 se presentó otro memorándum con 44 páginas que contenía un análisis de las informaciones que se generaron en torno a los hechos de filtración a favor de la organización criminal de Tío Rico y Marset.
El 22 de febrero de 2022 se iniciaron operativos de allanamiento y detenciones, y recién el 22 de abril del mismo año se presentó una denuncia formal sobre las filtraciones y el esquema de protección a narcos que operaba dentro de la Senad. Pasaron 13 meses desde marzo de 2021 cuando se reportaron los primeros indicios de filtraciones a favor de un esquema narcocriminal y recién en ese momento, abril de 2022, se formaliza la denuncia ante el Ministerio Público.
Todo lo expuesto constituye prueba directa e irrefutable del control e influencia decisiva que ejercía la organización narcocriminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba irrefutable de que ese control involucró a las más altas esferas del poder político del gobierno abdista.
CONTRADICCIONES
La exministra Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa que ellos, es decir, las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar el hecho al Ministerio Público.
Fuente: HOY/la caja negra
