A través de un comunicado la Cancillería mencionó que existe una obligación moral de apoyar posiciones en la arena internacional que sean propicias para el bienestar de los connacionales en el extranjero y el de sus familias. En este sentido, el escrito subraya el compromiso, ya que en la actualidad el Paraguay suma 1 millón de migrantes.
El objetivo es evitar el sometimiento a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto de los derechos fundamentales a las personas por la mera condición de ser migrantes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que "la implementación interna de los compromisos asumidos en virtud del Pacto, se efectuarán estrictamente según la Constitución Nacional y el marco jurídico vigente. Así mismo, asegura que no será comprometida ni socavada en modo alguno la soberanía nacional, al no tratarse de un acuerdo vinculante para los Estados".
Por tanto, el documento reitera que el pacto " no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros".
La nota también hace referencia a los desafíos particulares que enfrentan las mujeres y niñas, que requieren respuestas adaptables por su especial vulnerabilidad, en las áreas de salud, seguridad y medios de vida, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se asume "el rechazo a las políticas o medidas que busquen criminalizar los movimientos migratorios y la necesidad de crear canales seguros y dignos para la movilidad humana".
El Pacto Global sobre Migración fue consensuado en 2016 por los 193 Estados miembros de la ONU. Recientemente Estados Unidos anunció su retiro alegando incongruencias con su política migratoria.
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