Se trata de familias que vivían en un inmueble perteneciente a una empresa privada desde hace 8 meses. Ante la presencia policial, los ocupantes se negaban a abandonar el lugar e insistían en que resistirían a la desocupación debido a que no poseen recursos económicos para acceder a una vivienda. Al mismo tiempo lanzaban fuertes críticas al gobierno de Mario Abdo Benítez.
El Ministerio Público emplazó a los ocupantes por dos horas para retirar todas sus pertenencias y abandonar el lugar y en caso de no acceder al pedido fueron advertidos que serían desalojados por parte de los más de 1.000 policías. La fiscal del caso refirió que la mayoría de las familias son instigadas a realizar la ocupación.
“Se ha comprobado que la propiedad pertenece a una inmobiliaria. La Fiscalía conversa con las personas que se encuentran de manera ilegal y se deja constancia en acta que no se utilizó la fuerza pública. La mayoría de estas personas responden a líderes que ofrecen tierras y caen en su buena fe", expresó la fiscal Mirtha Ortiz, en contacto con la 780 AM.
Luego de varios minutos de negociación, cientos de personas empezaron a recoger sus pertenencias y desmantelar las precarias viviendas para abandonar las 7 hectáreas reclamadas ante la atenta mirada de los policías apostados en el sitio. Hasta el momento, el operativo no dejó heridos ni uso de la fuerza por parte de los uniformados.
La Fiscalía investigará a los supuestos líderes, señaló la fiscal Ortiz. “Son unas 150 familias en el lugar. Están instaladas desde febrero de este año. Había un grupo reacio a salir, pero primero conversaron conmigo y con otras autoridades, ahora ya están yendo a las casas a desmantelar", expresó la representante del Ministerio Público.
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