En un comunicado conjunto, diferentes agrupaciones de comunicadores de nuestro país denuncian que el periodismo en Paraguay se encuentra bajo una fuerte amenaza, considerando una serie de situaciones que se han dado recientemente.
“El Paraguay se encuentra en estos momentos bajo una fuerte amenaza de censura y ataque a la libertad de expresión y de prensa, por la violencia y manejos irregulares contra los medios”, comienza diciendo el comunicado firmado en conjunto por el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA).
El documento señala que la compra sistemática de medios de comunicación por parte del Grupo Cartes “refuerza la idea de que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, busca adquirir dichos medios para emplearlos como sostenedores de su Gobierno y de su proyecto político”. Con esto, señala el comunicado, se anula una de las principales funciones del periodismo que es “controlar las acciones de las instituciones estatales, canalizar denuncias ciudadanas e investigar los indicios de abusos del poder”.
Los comunicadores indican además que el gobierno no ha sabido proteger ni defender la libertad de prensa y expresión en nuestro país y puntualizan que una prueba de ello es que en lo que va del mandato presidencial de Cartes han sido asesinados ya cinco periodistas. “El ataque sistemático u hostigamiento y amenazas a periodistas, sobre todo en el interior del país, ha recrudecido”, continúan diciendo.
“Se cumplieron once meses del asesinato cruel y vil del periodista Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, sin que los implicados o sospechosos estén tras las rejas en nuestro país. En julio pasado, la periodista Tereza Fretes, del Diario Vanguardia, de Ciudad del Este, fue atacada y agredida por operadores políticos colorados de la ciudad de Hernandarias. Los operadores sustrajeron violentamente la cámara de la comunicadora durante una cobertura de trabajo. Esperamos que la justicia pueda obrar de buena forma con la denuncia que realizó nuestra colega hace un mes en el Departamento de Alto Paraná”, agrega el comunicado.
“Condenamos enérgicamente toda amenaza, violencia o discurso en contra de la libertad de expresión y de prensa sufrida por nuestra colega de Ciudad del Este”, puntualiza para luego acotar que la sistemática compra de medios por parte del grupo empresarial ligado a la familia del presidente de la República genera preocupación. “La concentración de medios no tiene otro objetivo que limitar y subyugar a la libertad de expresión, o a los medios de comunicación independientes”, aseveran.
“Consideramos que el periodismo nacional se encuentra en uno de sus momentos más graves. Los periodistas nos declaramos en alerta permanente y en movilización ante estos atropellos y perjuicios que se dan en contra de la transición democrática. Instamos a las autoridades nacionales a dejar de agredir a los periodistas y comunicadores que cumplen su labor, garantizada por la Constitución Nacional y las leyes. Instamos al diálogo y a la reforma total de los proyectos que van en contra de la Constitución, de las leyes y del sistema democrático”, finaliza diciendo el comunicado.
Este jueves salió a la luz además una disposición emanada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, por el cual se establece que los entes públicos deben sintonizar en sus sitios de espera el canal estatal.
ABC
El documento señala que la compra sistemática de medios de comunicación por parte del Grupo Cartes “refuerza la idea de que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, busca adquirir dichos medios para emplearlos como sostenedores de su Gobierno y de su proyecto político”. Con esto, señala el comunicado, se anula una de las principales funciones del periodismo que es “controlar las acciones de las instituciones estatales, canalizar denuncias ciudadanas e investigar los indicios de abusos del poder”.
Los comunicadores indican además que el gobierno no ha sabido proteger ni defender la libertad de prensa y expresión en nuestro país y puntualizan que una prueba de ello es que en lo que va del mandato presidencial de Cartes han sido asesinados ya cinco periodistas. “El ataque sistemático u hostigamiento y amenazas a periodistas, sobre todo en el interior del país, ha recrudecido”, continúan diciendo.
“Se cumplieron once meses del asesinato cruel y vil del periodista Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, sin que los implicados o sospechosos estén tras las rejas en nuestro país. En julio pasado, la periodista Tereza Fretes, del Diario Vanguardia, de Ciudad del Este, fue atacada y agredida por operadores políticos colorados de la ciudad de Hernandarias. Los operadores sustrajeron violentamente la cámara de la comunicadora durante una cobertura de trabajo. Esperamos que la justicia pueda obrar de buena forma con la denuncia que realizó nuestra colega hace un mes en el Departamento de Alto Paraná”, agrega el comunicado.
“Condenamos enérgicamente toda amenaza, violencia o discurso en contra de la libertad de expresión y de prensa sufrida por nuestra colega de Ciudad del Este”, puntualiza para luego acotar que la sistemática compra de medios por parte del grupo empresarial ligado a la familia del presidente de la República genera preocupación. “La concentración de medios no tiene otro objetivo que limitar y subyugar a la libertad de expresión, o a los medios de comunicación independientes”, aseveran.
“Consideramos que el periodismo nacional se encuentra en uno de sus momentos más graves. Los periodistas nos declaramos en alerta permanente y en movilización ante estos atropellos y perjuicios que se dan en contra de la transición democrática. Instamos a las autoridades nacionales a dejar de agredir a los periodistas y comunicadores que cumplen su labor, garantizada por la Constitución Nacional y las leyes. Instamos al diálogo y a la reforma total de los proyectos que van en contra de la Constitución, de las leyes y del sistema democrático”, finaliza diciendo el comunicado.
Este jueves salió a la luz además una disposición emanada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, por el cual se establece que los entes públicos deben sintonizar en sus sitios de espera el canal estatal.
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