Un perjuicio patrimonial de G. 3,3 billones entre la Administración Central, la Descentralizada, los municipios y las gobernaciones es lo que concluyó la Comisión Bicameral del Congreso, con base a la denuncia de la Contraloría.
“Si quien nomina a un colaborador de en cuestión, estando enterado hace caso omiso, por acción u omisión puede terminar siendo llamado para dar explicaciones. En dólares son unos 450 millones”, advirtió el senador Dionisio Amarilla, titular de la Bicameral, y enfatizó que, Mario Abdo Benítez es responsable en cualquier de los dos casos.
Comentó que, dentro de las observaciones y sugerencias hechas, figura la instalación de una oficina de seguimientos a estos reportes de indicios de hechos punibles, para que no queden en la nada.
Las auditorías financieras incluyen a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Previsión Social, entre otros entes.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aclaró que, la Contraloría no emite evidencias, sino informaciones que deben ser procesadas antes de llegar a una imputación.
“Contraloría no otorga ninguna información con grado de evidencia, sino que que lo que hace sugerir que hay irregularidad, pero la irregularidad debemos encontrar nosotros”, indicó. Añadió que, la tarea es sumamente compleja y que, no por ser tapa de diario significa que al día siguiente deba salir una imputación.
Fuente: HOY
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