Norma Duarte, de la asociación Callescuela, dijo durante los festejos en el Mercado de Abasto, por el aniversario 26 de la la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que prohibir el trabajo infantil no es la solución a los riesgos que padecen esos menores, sino, la erradicación de las causas que les obligan a trabajar en las calles.
Niños trabajadores del Mercado de Abasto de Asunción festejaron hoy el 26 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Con actividades lúdicas pero también reivindicativas, los niños defendieron su derecho al trabajo en un lugar que muchos de ellos frecuentan a diario para vender sus productos o ayudar a sus familias en los puestos del Mercado, explicó a Efe Norma Duarte, de la asociación Callescuela.
“Muchos niños de Asunción y del área metropolitana acuden cada día al Mercado de Abasto para trabajar vendiendo productos o para rastrear verduras o frutas desechadas con las que alimentarse. El mercado es un modo de supervivencia para ellos”, dijo Duarte.
Lamentó, sin embargo, que muchos de estos niños trabajadores se enfrenten en el Mercado al “maltrato y humillación por parte de los clientes y de la Policía”, que a menudo “los identifican con ladrones o delincuentes y los responsabilizan de la inseguridad en las calles”.
A este maltrato se une, según la representante de Callescuela, la “falta de protección” de los niños trabajadores, que en entornos como la calle o el Mercado “están expuestos a todo tipo de riesgos, desde la explotación laboral o sexual, hasta su utilización para el narcotráfico, o el consumo de drogas”.
Duarte exigió que se castiguen estas prácticas, pero precisó que la protección a la infancia no debe ir ligada a una mayor represión policial.
“La solución a los riesgos que padecen los niños trabajadores no es prohibir el trabajo infantil. Hay que erradicar las causas que les obligan a trabajar en las calles, como la pobreza y el hambre que padecen o la falta de trabajo de sus familias”, manifestó.
En este sentido, solicitó que todas las escuelas implanten programas de almuerzo y merienda escolar y que permanezcan también abiertas durante las vacaciones de verano, para asegurar a los niños su derecho a la recreación y a la alimentación, un tema que fue tratado este viernes en el Congreso paraguayo durante una audiencia pública.
La extensión del almuerzo y la merienda escolar forma parte también de las reivindicaciones que los estudiantes secundarios exponen en las movilizaciones que protagonizan desde hace varios meses por una mejora en la calidad educativa.
“Los programas de merienda escolar solamente cubren a un 30 % de las escuelas públicas de Paraguay. Ningún niño debería estar estudiando con hambre. De esto hablamos cuando nos referimos al interés superior del niño, al que Paraguay se comprometió cuando ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990”, recordó Duarte.
En Paraguay un total de 436.419 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años son económicamente activos, lo que representa a uno de cada cuatro menores en esa franja de edad, según datos de 2011.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llama a la “erradicación progresiva” del trabajo infantil, mientras que la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNATs) de Paraguay reclama que se reconozca la condición de trabajadores de los menores de edad y se regularicen sus derechos.
Según la ONG Plan Internacional, en Paraguay son 400.000 los niños que viven en extrema pobreza y no tienen acceso a una alimentación básica.
La cifra se inscribe dentro de las 710.173 personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, según los últimos datos del Gobierno, un 10,5 % de una población total de unos 6,7 millones de paraguayos.
Con actividades lúdicas pero también reivindicativas, los niños defendieron su derecho al trabajo en un lugar que muchos de ellos frecuentan a diario para vender sus productos o ayudar a sus familias en los puestos del Mercado, explicó a Efe Norma Duarte, de la asociación Callescuela.
“Muchos niños de Asunción y del área metropolitana acuden cada día al Mercado de Abasto para trabajar vendiendo productos o para rastrear verduras o frutas desechadas con las que alimentarse. El mercado es un modo de supervivencia para ellos”, dijo Duarte.
Lamentó, sin embargo, que muchos de estos niños trabajadores se enfrenten en el Mercado al “maltrato y humillación por parte de los clientes y de la Policía”, que a menudo “los identifican con ladrones o delincuentes y los responsabilizan de la inseguridad en las calles”.
A este maltrato se une, según la representante de Callescuela, la “falta de protección” de los niños trabajadores, que en entornos como la calle o el Mercado “están expuestos a todo tipo de riesgos, desde la explotación laboral o sexual, hasta su utilización para el narcotráfico, o el consumo de drogas”.
Duarte exigió que se castiguen estas prácticas, pero precisó que la protección a la infancia no debe ir ligada a una mayor represión policial.
“La solución a los riesgos que padecen los niños trabajadores no es prohibir el trabajo infantil. Hay que erradicar las causas que les obligan a trabajar en las calles, como la pobreza y el hambre que padecen o la falta de trabajo de sus familias”, manifestó.
En este sentido, solicitó que todas las escuelas implanten programas de almuerzo y merienda escolar y que permanezcan también abiertas durante las vacaciones de verano, para asegurar a los niños su derecho a la recreación y a la alimentación, un tema que fue tratado este viernes en el Congreso paraguayo durante una audiencia pública.
La extensión del almuerzo y la merienda escolar forma parte también de las reivindicaciones que los estudiantes secundarios exponen en las movilizaciones que protagonizan desde hace varios meses por una mejora en la calidad educativa.
“Los programas de merienda escolar solamente cubren a un 30 % de las escuelas públicas de Paraguay. Ningún niño debería estar estudiando con hambre. De esto hablamos cuando nos referimos al interés superior del niño, al que Paraguay se comprometió cuando ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990”, recordó Duarte.
En Paraguay un total de 436.419 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años son económicamente activos, lo que representa a uno de cada cuatro menores en esa franja de edad, según datos de 2011.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llama a la “erradicación progresiva” del trabajo infantil, mientras que la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNATs) de Paraguay reclama que se reconozca la condición de trabajadores de los menores de edad y se regularicen sus derechos.
Según la ONG Plan Internacional, en Paraguay son 400.000 los niños que viven en extrema pobreza y no tienen acceso a una alimentación básica.
La cifra se inscribe dentro de las 710.173 personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, según los últimos datos del Gobierno, un 10,5 % de una población total de unos 6,7 millones de paraguayos.
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