Las irregularidades en las remuneraciones de los funcionarios no son exclusividad del Congreso, del Poder Judicial o de las reparticiones gubernamentales. También en el Instituto de Previsión Social (IPS) existen groseras manipulaciones a su presupuesto a fin de privilegiar a unos cuantos en detrimento de los verdaderos dueños de la previsional que son los trabajadores.
Es bien sabido que la cantidad de médicos y enfermeras de la previsional no da abasto a la demanda de los asegurados. Sin embargo, en la Sindicatura del IPS mucho no importa esta situación.
En este lugar una secretaria como María Nilda Chena Alegre, sin profesión, percibe un promedio aproximado de G. 10 millones al mes que en ocasiones llega incluso a más de G. 14 millones (ver facsímil).
Lo mismo ocurre con Carlos Victoriano Fernández Egen, quien siendo auxiliar administrativo (secretario), también sin título profesional, gana también un aproximado de G. 10 millones.
Es importante tener en cuenta que un médico gana en promedio dentro del IPS poco más de G. 5 millones al mes.
Luego está el Lic. José Carlos Núñez Cabañas, quien, bajo el cargo de “asesor principal” de la sindicatura, recibe alrededor de G. 14 millones al mes y en febrero percibió G. 20 millones.
Otro que funge de “asesor principal” en la misma sindicatura es el Abog. Víctor Arnaldo Benítez Gómez, quien gana igualmente cerca de G. 14 millones al mes con un detalle interesante: tiene “licencia” para entrar a las 8:00 (cuando la entrada es a las 7:00) y luego cobra otra vez “horas extras”, lo cual parece un despropósito o una “avivada” que se da bajo la complacencia o complicidad de las mismas autoridades del ente previsional.
Según fuentes del Instituto, dentro de la sindicatura están como 15 personas que, por el movimiento que demuestran, al parecer “no tienen mucha actividad” y aun cuando hay apertura de sobres en las licitaciones, apenas uno asiste a los actos.
Por otro lado, cuestionaron el hecho de que el IPS sea el que pague el salario de los mismos ya que la sindicatura depende directamente de la Contraloría General de la República.
Las autoridades de la previsional tienen la obligación de responder ante estas denuncias que afectan los intereses de los asegurados.
Abc
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