Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior. “Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.
“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó. El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.
El gerente de la estancia, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro. “El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.
Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan una comunidad indígena. La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.
Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay. Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.
“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld. Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.
Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades. Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera.
“Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld. El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra G. 1,5 millones (US$ 333) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.
El salario mínimo en Paraguay asciende a G. 1,82 millones mensuales (US$ 405). Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. G. 130.000 al mes (unos US$ 30) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.
Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas. La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.
“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son cuatro cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.
Abc
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