Productores de Mayor Otaño e Iruña no reconocen validez del título que surgió de una venta por la quiebra de Bipsa. Ahora se busca desalojarlos de las tierras que ocupan.
En diciembre de 2012 se vendieron cinco mil hectáreas situadas supuestamente en los distritos de Mayor Otaño e Iruña, Itapúa.
El predio figuraba inicialmente como finca 1057 de San Rafael del Paraná, con la venta pasó a matricularse como H21/1778, siempre en el mismo distrito.
El lote fue resultado de una venta realizada en el marco de la liquidación del Banco de Inversiones del Paraguay SA (Bipsa). La transacción tuvo lugar con autorización judicial, pero no tuvo lugar un remate sino una venta directa.
El precio de hectárea fue fijado en 660 dólares. Se abonó de entrada 60 dólares por hectárea y el saldo de 600 dólares se financió en 10 cuotas semestrales sobre un plazo total de cinco años.
El vencimiento de la primera cuota fue fijado a los 180 días de la posesión efectiva del inmueble por parte del comprador.
El primer detalle que resalta es el bajísimo precio en que se vendió: 660 dólares en una región donde el precio de la hectárea no baja de 7000 dólares.
En negocio de ofrecer al Indert
El problema es que la posesión efectiva no pudo concretarse porque la tierra está ocupado por productores que poseen títulos de propiedad con mensura judicial incluida, así como pago de impuestos en sus respectivos municipios.
El 10 de abril de 2013, la fracción de 5.000 hectáreas se ofreció en venta al Indert. La propuesta se realizó sobre la base de “estar ocupada por personas beneficiarias del estatuto agrario”.
La propuesta al Indert para dar solución a un “problema social” fue de 6500 dólares por hectárea.
El Indert, bajo administración de Ignacio Luis Ortigoza, realizó una inspección ocular y finalmente rechazó la propuesta: no había campesinos sino productores de granos con sus respectivos títulos de propiedad.
El Indert ejerce un especial magnetismo para la recepción de ofertas de tierras que no siempre existen, pero que se convierten en oportunidad para negociados, maniobra que en esta oportunidad no se dio.
La Municipalidad de Mayor Otaño no tiene ningún registro sobre la finca 1057; no existe, según sus registros.
Tuvo que salir una orden judicial, firmada por el juez Hugo Morán Ovelar, intimando al municipio de Otaño a tomar el pago de impuesto inmobiliario.
Ordenes judiciales mediante los títulos de propiedad pueden ser impuestos o cuestionados, según el color del billete. Imposible hablar de garantías en estas condiciones.
Abc
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