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martes, 15 de julio de 2014

Sin juicio de nulidad previo, juzgado ordena posesión de tierras tituladas

El juez Hugo Morán Ovelar autorizó la venta de 5.000 hectáreas supuestamente ubicadas en Mayor Otaño e Iruña. Ordenó la posesión de la fracción en favor de los compradores. Dejó de lado el principio jurídico de que un juzgado de quiebra no puede dar derechos de posesión.

Productores de Mayor Otaño e Iruña no ocultan su preocupación por un posible desalojo ante la aparición de una finca que se superpone a propiedades legítimas.


En el marco del juicio de quiebra del Banco de Inversiones del Paraguay (Bipsa), el juez Hugo Morán Ovelar autorizó la venta de 5.000 hectáreas de tierra, supuestamente ubicadas entre los distritos de Mayor Otaño e Iruña, departamento de Itapúa.

La finca tenía el número 1057 de San Rafael del Paraná y fue adquirida por Eduardo Hrisuk Klekoc.

La compra no pudo tener mejores condiciones: 660 dólares por hectárea. De este monto se pagó 60 dólares al contado y el saldo de 600 dólares se fraccionó en 10 cuotas semestrales.

Aquí viene un detalle interesante: el vencimiento de la primera cuota se tiene a los 180 días de la posesión efectiva sobre el inmueble por parte del comprador.

Eduardo Hrisuk Klekoc pagó 300.000 dólares y ya adquirió derechos sobre 5.000 hectáreas de tierra que tienen un valor de mercado mínimo de 50 millones de dólares.

Los 3 millones de dólares restantes del compromiso de compra no los pagó nunca porque tampoco llegó a tomar posesión de la tierra.

Extralimitación del juzgado

El juez de primera instancia en lo civil y comercial del sexto turno de la capital, Hugo Morán Ovelar, autorizó la venta de la finca 1057.

En este momento, el predio se encuentra inscripto con matrícula H-21/1778 de San Rafael del Paraná.

Eduardo Hrisuk Klekoc compró la tierra el 11 de diciembre de 2012, pero nunca llegó a tomar posesión porque el inmueble es legítima propiedad de seis productores.

El juez Hugo Morán Ovelar se extralimitó en sus funciones: ordenó la posesión de un inmueble y un juez de quiebra no tiene potestad legal para tal determinación.

Al confirmarse que las 5.000 hectáreas de tierra en la región más cara del país cuentan con título de propiedad no se planteó un juicio de nulidad.

Tampoco se realizó una pericia técnica de los títulos y el comprador no llegó a solicitar un juicio de reivindicación.

El juez Hugo Morán Ovelar simplemente autorizó la venta, sin remate previo, y ordenó la posesión.

En los distritos de Mayor Otaño e Iruña, norte de Itapúa, cada hectárea de tierra tiene un valor promedio de 10 a 12 mil dólares. Estamos hablando de 50 millones de dólares en una maniobra a todas luces fraudulenta.

Las 5.000 hectáreas están mecanizadas, racionalmente explotadas y seis familias viven de lo que trabajan en su tierra. Ahora pueden perder todo, de la mano de una orden judicial.

Esas 5.000 hectáreas que surgieron de la quiebra de Bipsa no existen, el número de finca es un invento y su inscripción es resultado de una orden judicial. Hablamos de 50 millones de dólares.

Abc

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