Vera Ávalos subió al Facebook fotos de su residencia. Se trata de una casa alquilada por USD 2.300. Tras la intervención de Ára, rescindió el contrato.
Gustavo Vera Ávalos, un tesorero de la sucursal de Ciudad del Este de la financiera Ára SA, imputado por el presunto desfalco de 14,3 millones de dólares, llevaba una vida de lujos con un sueldo de G. 7 millones.
Se trata de una persona del primer anillo de Carlos Hugo Sosa Palmerola, quien figuraba como asesor de negocios de la financiera, pero en realidad sería el propietario de la firma.
Vera Ávalos contó a los investigadores del Ministerio Público que hace 20 años trabaja con Sosa Palmerola en distintas empresas. Comenzó como su chofer en la casa de cambios Tupi y llegó al cargo de tesorero, a pesar de no contar con un título universitario.
Ante la Fiscalía, Vera Ávalos afirmó que vive en una residencia en Ciudad del Este cuyo alquiler de 2.300 dólares mensuales es pagado por los directivos de Ára. Sin embargo, en la financiera no se encontró constancia alguna del pago del alquiler. Tras la intervención del Banco Central a Ára, Vera rescindió el contrato de locación de la casa.
La Fiscalía lo imputó por su presunto involucramiento con la extracción de 6 millones de dólares de la sucursal de Ciudad del Este. La investigación apunta a que 15 días antes de que comience la intervención del Banco Central a la financiera, Sosa Palmerola vació la sucursal y luego "tapó" el faltante con pagarés por supuestas operaciones de cambio de divisas con la empresa AJP SA.
Vera Ávalos aseguró a los interventores de la Superintendencia de Bancos que estas operaciones de cambio sí existieron. Sin embargo, a un auditor interno de la financiera, llamado Carlos César Brítez Araujo, contó que el dinero fue retirado por Sosa Palmerola dos semanas antes de producirse la intervención. Además, dijo que fue ordenado a que en el arqueo de caja contabilice como dinero en efectivo el monto de los pagarés de AJP SA. El hombre se encuentra imputado por lesión de confianza y tiene una orden de captura en su contra. La Fiscalía pidió al juzgado su prisión preventiva.
MESA DE CAMBIOS. Los fiscales que investigan el caso Ára dieron una conferencia de prensa ayer en la que explicaron cómo se produjo el presunto daño patrimonial de USD 14,3 millones en la entidad financiera a través de operaciones irregulares en las sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. El lunes pasado, el Ministerio Público imputó a 11 personas por lesión de confianza y solicitó la prisión preventiva de 6 de ellas.
"La mesa de cambios estaba conformada por funcionarios que tenían la plena confianza de Sosa Palmerola y físicamente estaban en la misma oficina. Tenemos la información de que este señor dirigía todas las operaciones de cambio, por ende estos funcionarios cumplían sus órdenes", señaló el fiscal José Dos Santos.
En ese sentido, comentó el caso de la sucursal de Salto del Guairá, en donde se realizaron supuestas operaciones de cambio con cheques sin fondo.
"La hipótesis del Ministerio Público es que a través de la orden de Sosa Palmerola los funcionarios y los tesoreros de esta sucursal realizaron operaciones de riesgo, es decir operaciones que no debían realizarse", expresó Dos Santos.
"Por ejemplo, se recibieron montos de cheques bastante altos, por G. 2.400 millones. Realizaron el cambio de dinero y a la hora de cobrar los cheques, todos rebotaron por inhabilitación de cuenta. Creemos que es una operación muy riesgosa que fue ordenada por Carlos Sosa, esa es una de las temáticas de cómo se manejaba la mesa de cambio", añadió el fiscal.
En Pedro Juan Caballero, se retiraron USD 5.735.000 en supuestas operaciones de cambio; sin embargo, en la sucursal solo se encontraron recibos presuntamente falsos.
Además de Sosa Palmerola y Vera Ávalos, están imputados Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdez Chamorro, Francisco Manuel Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros, Francisco Apolonio Ortiz Barboza, Arcenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomas Rudis, María Beatriz Gill Ávalos y Hugo Daniel Ortiz Barboza. Los fiscales del caso señalaron que la investigación aún podría ampliarse.
UH
Se trata de una persona del primer anillo de Carlos Hugo Sosa Palmerola, quien figuraba como asesor de negocios de la financiera, pero en realidad sería el propietario de la firma.
Vera Ávalos contó a los investigadores del Ministerio Público que hace 20 años trabaja con Sosa Palmerola en distintas empresas. Comenzó como su chofer en la casa de cambios Tupi y llegó al cargo de tesorero, a pesar de no contar con un título universitario.
Ante la Fiscalía, Vera Ávalos afirmó que vive en una residencia en Ciudad del Este cuyo alquiler de 2.300 dólares mensuales es pagado por los directivos de Ára. Sin embargo, en la financiera no se encontró constancia alguna del pago del alquiler. Tras la intervención del Banco Central a Ára, Vera rescindió el contrato de locación de la casa.
La Fiscalía lo imputó por su presunto involucramiento con la extracción de 6 millones de dólares de la sucursal de Ciudad del Este. La investigación apunta a que 15 días antes de que comience la intervención del Banco Central a la financiera, Sosa Palmerola vació la sucursal y luego "tapó" el faltante con pagarés por supuestas operaciones de cambio de divisas con la empresa AJP SA.
Vera Ávalos aseguró a los interventores de la Superintendencia de Bancos que estas operaciones de cambio sí existieron. Sin embargo, a un auditor interno de la financiera, llamado Carlos César Brítez Araujo, contó que el dinero fue retirado por Sosa Palmerola dos semanas antes de producirse la intervención. Además, dijo que fue ordenado a que en el arqueo de caja contabilice como dinero en efectivo el monto de los pagarés de AJP SA. El hombre se encuentra imputado por lesión de confianza y tiene una orden de captura en su contra. La Fiscalía pidió al juzgado su prisión preventiva.
MESA DE CAMBIOS. Los fiscales que investigan el caso Ára dieron una conferencia de prensa ayer en la que explicaron cómo se produjo el presunto daño patrimonial de USD 14,3 millones en la entidad financiera a través de operaciones irregulares en las sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. El lunes pasado, el Ministerio Público imputó a 11 personas por lesión de confianza y solicitó la prisión preventiva de 6 de ellas.
"La mesa de cambios estaba conformada por funcionarios que tenían la plena confianza de Sosa Palmerola y físicamente estaban en la misma oficina. Tenemos la información de que este señor dirigía todas las operaciones de cambio, por ende estos funcionarios cumplían sus órdenes", señaló el fiscal José Dos Santos.
En ese sentido, comentó el caso de la sucursal de Salto del Guairá, en donde se realizaron supuestas operaciones de cambio con cheques sin fondo.
"La hipótesis del Ministerio Público es que a través de la orden de Sosa Palmerola los funcionarios y los tesoreros de esta sucursal realizaron operaciones de riesgo, es decir operaciones que no debían realizarse", expresó Dos Santos.
"Por ejemplo, se recibieron montos de cheques bastante altos, por G. 2.400 millones. Realizaron el cambio de dinero y a la hora de cobrar los cheques, todos rebotaron por inhabilitación de cuenta. Creemos que es una operación muy riesgosa que fue ordenada por Carlos Sosa, esa es una de las temáticas de cómo se manejaba la mesa de cambio", añadió el fiscal.
En Pedro Juan Caballero, se retiraron USD 5.735.000 en supuestas operaciones de cambio; sin embargo, en la sucursal solo se encontraron recibos presuntamente falsos.
Además de Sosa Palmerola y Vera Ávalos, están imputados Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdez Chamorro, Francisco Manuel Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros, Francisco Apolonio Ortiz Barboza, Arcenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomas Rudis, María Beatriz Gill Ávalos y Hugo Daniel Ortiz Barboza. Los fiscales del caso señalaron que la investigación aún podría ampliarse.
UH
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