“Eso se ha discutido con organismos internacionales y con el Gobierno y el criterio que están plasmando es hacer una participación abierta, no un margen de preferencia por el origen de la empresa, también por el objetivo del proyecto, el tipo de trabajo que está en juego, entonces el criterio plasmado por la consultoría internacional y por las autoridades entendidas en la materia es como se hace también en otros países: no hacer limitaciones ni preferencias específicas en este tipo de proyectos, conforme a la legislación comparada también”, señaló en el acto Enrique Sosa, consultor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Por su parte, Javier Parquet explicó que la misma ley no establece ningún margen de preferencia y que, aunque no se descarta que en el futuro se pueda prever, actualmente el origen de la inversión no representaría ningún tipo de ventaja o desventaja para pujar por una licitación de alianza público-privada. Representantes de los gremios locales habían expresado su preocupación por lo que ellos consideran una preferencia para los inversores extranjeros con la nueva modalidad que plantea implementar el Gobierno.
riesgo compartido. El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, dijo que la Ley de Alianza Público-Privada busca un esquema donde el Estado, asumiendo el mínimo riesgo, ejecute grandes proyectos que sean rentables para el sector privado y que ayuden a paliar el déficit que tiene el país en infraestructura.
Descartó que con esta normativa el sector público asumirá los riesgos y el privado se quedará con las ganancias. “El espíritu de la ley es que, con un menor riesgo, se puedan proyectar con capital privado inversiones en obras como carreteras, aeropuertos o la hidrovía, que tendrán un gran impacto”, indicó.
contrato será clave. Asimismo, el ministro de Hacienda, Germán Rojas, señaló que la clave para salvaguardar los intereses del Estado en cada proyecto es hacer un trabajo minucioso y correcto en los contratos. “Los acuerdos público-privados combinan lo bueno del sector público, por el interés general, y lo mejor del sector privado, que es la eficiencia”, destacó el secretario de Estado al defender la iniciativa.
Fuente: UH
Por su parte, Javier Parquet explicó que la misma ley no establece ningún margen de preferencia y que, aunque no se descarta que en el futuro se pueda prever, actualmente el origen de la inversión no representaría ningún tipo de ventaja o desventaja para pujar por una licitación de alianza público-privada. Representantes de los gremios locales habían expresado su preocupación por lo que ellos consideran una preferencia para los inversores extranjeros con la nueva modalidad que plantea implementar el Gobierno.
riesgo compartido. El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, dijo que la Ley de Alianza Público-Privada busca un esquema donde el Estado, asumiendo el mínimo riesgo, ejecute grandes proyectos que sean rentables para el sector privado y que ayuden a paliar el déficit que tiene el país en infraestructura.
Descartó que con esta normativa el sector público asumirá los riesgos y el privado se quedará con las ganancias. “El espíritu de la ley es que, con un menor riesgo, se puedan proyectar con capital privado inversiones en obras como carreteras, aeropuertos o la hidrovía, que tendrán un gran impacto”, indicó.
contrato será clave. Asimismo, el ministro de Hacienda, Germán Rojas, señaló que la clave para salvaguardar los intereses del Estado en cada proyecto es hacer un trabajo minucioso y correcto en los contratos. “Los acuerdos público-privados combinan lo bueno del sector público, por el interés general, y lo mejor del sector privado, que es la eficiencia”, destacó el secretario de Estado al defender la iniciativa.
Fuente: UH
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