Redada. En el 2000, niños en calle fueron arreados por orden judicial e internados en hogares.
En un acto convocado para el próximo lunes, a las 10.30, en la Cancillería Nacional, el Estado paraguayo pedirá disculpas públicas y reconocerá su responsabilidad internacional en el caso de Cristina Aguayo y otros, respecto a las redadas de niños en situación de calle e internación posterior de estos en hogares, dispuestas entre el 2000 y el 2001 por la entonces jueza del Menor, Mercedes Brítez de Buzó, actual candidata a defensora del Pueblo.
El caso se llevó a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró su admisibilidad, pero antes de ser tratado por la Corte Interamericana, el Estado paraguayo y las víctimas suscribieron un acuerdo de solución amistosa, el 16 de agosto de 2011.
Este, además del pago de una indemnización a los afectados por la medida judicial que no respetó sus derechos, incluye el pedido de disculpas públicas y una serie de medidas vinculadas con mejorar la actuación judicial en el ámbito de los derechos del niño, incluyendo un banco de datos de hogares abrigo y políticas públicas para reducir la permanencia de los pequeños en estas instituciones. Además, la elaboración de un manual de capacitación sobre los estándares internacionales de los derechos de los niños y adolescentes.
Situación. El hecho había sido denunciado ante la CIDH porque originó la separación de muchos de los niños de sus padres, que terminaron institucionalizados (creciendo en albergues infantiles), lo que les produjo otros daños. Así lo había explicado Ricardo González, director de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA). Para determinar la indemnización a las víctimas que son cerca de 70, se tomó en cuenta el tiempo en que los niños estuvieron efectivamente separados del vínculo familiar.
"Algunos llegaron hasta más de 4 años", resaltó, cuando en realidad la medida de internarlos en un hogar de abrigo debió ser transitoria, termporal, y bajo estricto seguimiento del juzgado.
Entre 2.000 y 7.000 dólares recibieron ya 51 de las víctimas localizadas. La mayoría ya son adultos. Todavía faltaba indemnizar a 18 más. En el acto de disculpas previsto para el lunes, participarán autoridades y organizaciones de la sociedad civil y posiblemente algunas de las víctimas.
UH
En un acto convocado para el próximo lunes, a las 10.30, en la Cancillería Nacional, el Estado paraguayo pedirá disculpas públicas y reconocerá su responsabilidad internacional en el caso de Cristina Aguayo y otros, respecto a las redadas de niños en situación de calle e internación posterior de estos en hogares, dispuestas entre el 2000 y el 2001 por la entonces jueza del Menor, Mercedes Brítez de Buzó, actual candidata a defensora del Pueblo.
El caso se llevó a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró su admisibilidad, pero antes de ser tratado por la Corte Interamericana, el Estado paraguayo y las víctimas suscribieron un acuerdo de solución amistosa, el 16 de agosto de 2011.
Este, además del pago de una indemnización a los afectados por la medida judicial que no respetó sus derechos, incluye el pedido de disculpas públicas y una serie de medidas vinculadas con mejorar la actuación judicial en el ámbito de los derechos del niño, incluyendo un banco de datos de hogares abrigo y políticas públicas para reducir la permanencia de los pequeños en estas instituciones. Además, la elaboración de un manual de capacitación sobre los estándares internacionales de los derechos de los niños y adolescentes.
Situación. El hecho había sido denunciado ante la CIDH porque originó la separación de muchos de los niños de sus padres, que terminaron institucionalizados (creciendo en albergues infantiles), lo que les produjo otros daños. Así lo había explicado Ricardo González, director de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA). Para determinar la indemnización a las víctimas que son cerca de 70, se tomó en cuenta el tiempo en que los niños estuvieron efectivamente separados del vínculo familiar.
"Algunos llegaron hasta más de 4 años", resaltó, cuando en realidad la medida de internarlos en un hogar de abrigo debió ser transitoria, termporal, y bajo estricto seguimiento del juzgado.
Entre 2.000 y 7.000 dólares recibieron ya 51 de las víctimas localizadas. La mayoría ya son adultos. Todavía faltaba indemnizar a 18 más. En el acto de disculpas previsto para el lunes, participarán autoridades y organizaciones de la sociedad civil y posiblemente algunas de las víctimas.
UH
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