El informe que fue difundido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), señala que el 78% de los reclusos del Paraguay no tiene una condena. Se atribuye esto al uso excesivo de las prisiones preventivas.
En el año 2014, Paraguay ocupaba el segundo lugar en este ranking de presos sin condena. Entonces, 7 de cada 10 reclusos no tenía una condena. Bolivia ocupaba el primer lugar. La población penitenciaria era de 8.871 presos.
En tanto que en diciembre del 2016, publicaciones periodísticas hablaban de que la población en las penitenciarías ascendía a 13.191 reclusos, casi el 20 % más que en el año 2014. Paraguay cuenta con 16 cárceles en todo su territorio.
La capacidad total de todos los reclusorios del país es de 6.643 reclusos. Sin embargo, la cantidad de presos al 15 de diciembre del 2016, superaba en 6.548 esta cifra. Es decir los presos superan casi el doble a la capacidad de los reclusorios locales, de acuerdo a los datos recolectados por MNP.
Esta institución atribuye el hecho a que existe un uso abusivo de las prisiones preventivas por parte de los jueces y recomienda que sea derogada la Ley, 4431/2011 que impide la aplicación a criterio libre de las medidas alternativas a la prisión.
Además se urge la instalación de un programa entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para la revisión de las medidas de prisión preventiva.
Así también se insiste en la creación de un sistema efectivo de comunicación entre direcciones penitenciarias y juzgados de ejecución para tener un control sobre la duración de este tipo de medidas.
Reglas de Bangkok. Otra de las sugerencias del Mecanismo es la divulgación de estas reglas para el tratamiento de mujeres en reclusión. Estas reglas conocidas como Bangkok, fueron aprobadas en Asamblea General de la ONU, el 16 de marzo del 2016.
Las Reglas de Bangkok son setenta regulaciones de las Naciones Unidas creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.
Regulan todos los aspectos relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de medidas no privativas de libertad, incorporando disposiciones específicas para mujeres extranjeras, mujeres embarazadas y madres, minorías raciales y étnicas, adolescentes, entre otras. Su población objetivo son las mujeres pero también alcanzan a toda la población reclusa.
La cantidad de reclusos en los centros penitenciarios que supera la capacidad favorece al hacinamiento de los mismos y atenta contra las condiciones humanas en las que están privados de su libertad.
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