El galardón es otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C., un organismo de la sociedad civil apartidista y sin fines de lucro, de México; busca formar, fomentar, evaluar y reconocer a los mejores servidores públicos de México e Iberoamérica.
"Este premio significa que estamos caminando por la senda correcta, todavía hay mucho por hacer, pero el presupuesto no alcanza", expresó el intendente en una comunicación con Última Hora.
De acuerdo con lo que informó Gómez, es la primera vez que recibe este reconocimiento, que fue llevado a cabo en una ceremonia el pasado viernes, en el Hotel Emporio de la Ciudad de México. Comentó que también fueron convocados sus pares de Villarrica, Santaní y Mariano Roque Alonso.
"Estuvimos más de una veintena de intendentes de diferentes países y después participamos de un seminario muy interesante, la premiación fue el viernes y el seminario fue ayer –sábado– por la mañana", agregó.
Entre otros intendentes, también estuvieron presentes representantes de México, Guatemala y Argentina.
En el año 2015, el entonces intendente de Fernando de la Mora, Édgar Quintana, fue quien recibió el premio de "Mejor Gobernante Iberoamericano".
Algunos medios mexicanos critican la premiación, señalando que tiene un costo aproximado de 21.000 pesos mexicanos, unos G. 9.450.000 (USD 1.715).
El titular de la Comuna lambareña publicó en su cuenta oficial de Facebook: "Este reconocimiento es un gran estímulo para nuestra gestión, pero a su vez representa un mayor compromiso para con la gente, para seguir cumpliendo con ellos, brindándoles siempre el mejor servicio, porque la política es eso, servir a la ciudadanía".
Seguido de eso, añadió: "Agradezco a todos los lambareños por su apoyo, ya que sin ustedes nada de lo que hemos logrado sería posible".
Pese a haber recibido un premio como "Mejor Gobernante", el intendente de Lambaré tiene varios cuestionamientos: fue imputado por lavado de dinero, reducción y obstrucción a la restitución de bienes, por una presunta millonaria estafa a la firma Viradolce SA, de la empresaria Maris Llorens; pero no irá a juicio oral ya que pagó la suma de G. 550 millones.
Otro caso de imputación fue en marzo del 2017, cuando la fiscala Blanca Agüero le atribuyó un presunto caso de lesión de confianza en la supuesta construcción irregular de un puente en la localidad.
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