Por Guido Rodríguez Alcalá
Ya que se habla de una ley de protección a las inversiones extranjeras, o sea, a las empresas extranjeras, algo tendría que hacerse a favor de los paraguayos, que necesitan protección. De momento, el Gobierno debe 150 millones de dólares a las constructoras paraguayas, que no es solo un perjuicio a los empresarios, sino también a los trabajadores que dependen de los empresarios. Un trabajador que no cobra o que no tiene trabajo es alguien que no consume o que consume menos. Según estadísticas, el consumo ha bajado, que no es un buen signo. A esto se debe sumar que la pobreza ha aumentado en el Paraguay, como el precio de ciertos productos básicos.
Las constructoras no son las únicas afectadas por la mora del Gobierno, que tiene la mala costumbre de no pagar. Ya se decidió por ley el pago de la jubilación de los maestros de las instituciones privadas, que no ha pasado de ser una simple promesa. También se ha decidido recortar los programas sociales por socialistas, siendo que existen en países tan poco socialistas como Estados Unidos, donde más del 20% de los niños reciben ayuda alimentaria; algo fundamental para permitir el buen desarrollo físico y mental en los primeros años de vida. El Poder Legislativo pone también su grano de arena, por no decir sus cascotes, a las penurias de la gente común. El mismo Cartes se ha quejado de que los procesos son muy lentos, y le doy la razón.
Agrego que también son caros y en muchos casos injustos. A lo anterior debe sumarse la inseguridad en que vive la gente común a causa de la amenaza de los rateros, patoteros, etc. Por eso, los que necesitan protección son los paraguayos, y paraguayos del montón; las grandes empresas multinacionales se protegen solas y no es necesario protegerlas más. Tampoco es justo concederles privilegios, como el de ir a los tribunales extranjeros en caso de que no les gusten los tribunales paraguayos, ni que el Gobierno asuma los riesgos cuando trata con ellas. Me refiero a la famosa Ley de Alianza Público-Privada, que ahora se quiere reforzar con una ley de protección a las inversiones extranjeras.
Si quieren invertir en el país, que inviertan en condiciones de igualdad, y con el Gobierno como gestor del bien común, que es lo que tiene que tratar de hacer. Que no lo haga no es razón para que se declaren so'o la legalidad y la soberanía nacionales. A esto apunta el proyecto de convertir el país en una "mujer fácil"; o sea, a la entera disposición de los capitales especulativos internacionales. Alguna consideración merecemos quienes vivimos aquí, que poco veremos del dinero que se quiere hacer correr para beneficio de los visitantes. Este nuevo rumbo pinta rumbore.
FuenteUH
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