Sin embargo, Pelao Carvallo, de la Articulación Curuguaty, denunció una serie de irregularidades como el aislamiento total de los tres huelguistas.
“Ellos están con prisión preventiva, que no implica aislamiento. Están aislados e incomunicados. Se le ha negado el paso a médicos y sus abogados”, sostuvo el activista, en comunicación con la prensa.
Añadió que sus familiares tampoco pueden verlos tranquilamente, ya que solo habilitan en la mañana un breve espacio de tiempo para las visitas.
Carvallo indicó que en ese contexto de aislamiento temen que los campesinos sean alimentados a la fuerza. Añadió que cuando Villalba fue trasladado al Hospital Militar, los uniformados le dijeron que le daría de comer. “Ahora como no hay control, no tenemos cómo saber si siguen con su huelga de hambre”, lamentó.
Recordó que este miércoles el juzgado penal de sentencia de Saltos del Guairá, Canindeyú, analizará la revisión de medidas para los cinco presos en huelga de hambre en los tribunales de ese distrito. Ese día la instancia judicial debería resolver el pedido de arresto domiciliario impulsado por la defensa como medida sustitutiva de la presión preventiva que llevan los cinco en la cárcel de Tacumbú.
De acuerdo con Carvallo, habría intensión de alimentarlos a la fuerza para que los campesinos no presenten una crítica situación de salud y que con ello el juzgado les rechace el pedido de presión domiciliaria.
A nosotros nos interesa más la vida de ellos, siempre lo dijimos, pero respetamos la voluntad de los huelguistas”, concluyó.
“CUESTIONES POLÍTICAS”
Las acusaciones hechas por los activistas tienen trasfondo político, sostuvo el Dr. Isaías Fretes, director general de Sanidad Militar, al ser consultado sobre la denuncia.
“Ellos va a decir una serie de cosas que no corresponden. Lo único que hay que entender es que en el hospital van a ser atendidos por doctores, que no miran cuestiones políticas”, añadió Fretes, en comunicación con la prensa.
En lo que respecta al nivel de seguridad policial militar a los tres campesinos y el estricto régimen de visitas, afirmó que todo ello son disposiciones establecidas por la Fiscalía.
“Nosotros nos resumimos a cumplir con aquellas disposiciones”, aseveró Fretes.
Los cinco campesinos investigados por la masacre de Curuguaty de 2012 cumplieron hoy 51 días de la medida de fuerza.
FuenteAbc
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