El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio luz verde a la Ley 6365 que declara en emergencia penitenciaria a todos los establecimientos penitenciarios del país, de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia, por el plazo de un año.
El documento, además de ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019 para este fin, faculta al Ministerio de Justicia la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes de reclusión y de máxima seguridad.
Sobre este punto, la ley asignó una ampliación de sus recursos por más de G. 13.000 millones para la agilización de los procesos que conlleven al mejoramiento del sistema penitenciario del país.
Las obras podrán ser realizadas de conformidad a lo establecido en el inciso C del artículo 33 de la Ley de Contrataciones Públicas o bajo la modalidad establecida en la Ley 5074/05 conocida como “llave en mano”.
Podrán ser financiadas con recursos provenientes del Tesoro, crédito interno o externo, recursos propios, privados y provenientes de las entidades binacionales.
Esta ley también autoriza el apoyo y el empleo de las fuerzas públicas, policías y militares, conforme a lo establecido en el artículo 226 de la Ley 5162/2014 del Código de Ejecución Penal para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios.
Al respecto, el ministro Julio Javier Ríos anunció la inmediata puesta en acción para dar solución al sistema penitenciario.
“Esta aprobación es lo que veníamos pidiendo y con esta sanción podremos aplicar los cambios que pensamos realizar tanto en materia de seguridad como en infraestructura para poder evitar eventuales hechos que se pudieran lamentar”, afirmó el secretario de Estado.
En su artículo 2, la ley de emergencia penitenciaria establece un plazo de 15 días para la reglamentación del plan de seguridad con el concurso de las fuerzas públicas de seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios.
Si bien la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo se dio tras la masacre en la cárcel de San Pedro, en junio de este año, una serie de eventos volvieron a poner en alerta a las cárceles del país.
El último caso se dio tan solo hace dos días en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (Cereso). Tres miembros del Primer Comando Capital (PCC) se dieron a la fuga y tomaron de rehén a un guardiacárcel.
Durante la fuga, dos guardiacárceles resultaron heridos, uno de ellos recibió dos impactos de bala, pero ambos se recuperan favorablemente.
UH
No hay comentarios:
Publicar un comentario