Ambos aparecen en un vídeo hallado el 22 de octubre en el que un autodenominado portavoz del EPP da al Gobierno hasta el 1 de noviembre como tiempo límite para poner en libertad a media docena de sus presos a cambio de dejar con vida a Morínigo.
Si bien desde entonces el Gobierno ha reiterado su negativa a acceder a esa propuesta, algunos de sus representantes también han dudado de las intenciones del EPP, que no ha precisado ni la identidad de esos prisioneros ni la metodología del intercambio.
“No hay intención de canje porque de lo contrario al menos hubieran dado los nombres de quienes ellos quieren sean liberados”, dijo el jueves el ministro de Interior, Francisco de Vargas, tras entrevistarse con los padres de Morínigo.
En el mismo sentido se manifestó el sábado el teniente coronel Víctor Urdapilleta, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo de militares y policías encargado del combate al EPP.
En declaraciones a Radio Monumental, Urdapilleta consideró “dudosa la intención del EPP porque no menciona los nombres ni la forma de canje”. Agregó que con ese proceder la guerrilla buscaría espacio mediático y aterrorizar a la población.
“No descartamos también que sea una forma de buscar protagonismo en los medios, y por sobre todo la forma más cruel que ellos se manejan, que es sometiendo sicológicamente a su familia y a la población”, opinó el militar.
La guerrilla ya había intentando usar como instrumento a Morínigo el pasado 30 de septiembre, cuando se divulgó una carta en la que se proponía el mismo intercambio que en el vídeo, pero con una fecha tope que expiraba el 14 de octubre.
Al rechazo del Gobierno a prestarse al trueque siguió el nuevo ultimátum del EPP, esta vez a través del vídeo difundido el 22 de octubre por el ministerio de Interior, el cual contaba con toda una puesta en escena.
Las imágenes mostraban a varios miembros armados de la guerrilla apostados en el interior de unas trincheras y a un interlocutor del EPP, quien fijó la fecha de ayer como nuevo plazo brindado al Gobierno para devolver a Morínigo.
En el vídeo se veía y escuchaba también a Morínigo leyendo un texto del EPP contra el Gobierno, así como al joven Arlan Fick, sobre quien no pesa amenaza de muerte.
De hecho, uno de los pasajes leídos por Fick decía que “el EPP cumplirá con lo prometido a mis padres en su momento”.
Días después del secuestro de Fick, su familia aseguró que habían cumplido las condiciones impuestas por la guerrilla para su puesta en libertad.
Esas fueron el pago de un rescate de 500.000 dólares y la distribución de alimentos por otros 50.000 dólares en varias comunidades pobres del departamento norteño de Concepción, el área de influencia del EPP, donde fueron secuestrados Fick y Morínigo.
Sin embargo el joven no fue liberado, y hasta que no se mostró el vídeo, casi seis meses después del secuestro, la guerrilla no había ofrecido pruebas de que estaba con vida.
Ese comportamiento del EPP alimenta todo tipo de conjeturas entre las autoridades, algunos de los cuales argumentan que sigue el modelo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de mantener el mayor tiempo posible a sus secuestrados, como escudos humanos.
El Gobierno paraguayo atribuye al EPP 38 asesinatos, entre civiles, militares y policías.
Recientemente tuvo una escisión, con la creación de la Agrupación Campesina Armada (ACA), que en septiembre sufrió un fuerte golpe cuando la FTC mató a cuatro de sus miembros.
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