Palau fue llamada a declarar por su relación con este archivo, que contiene documentos policiales sobre la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) que, según Palau, dejó al menos 120.000 desaparecidos en un país que, entonces, tenía una población de 3,5 millones de personas.
“Pedí que el tribunal requiriera la totalidad del Archivo del Terror para nuestra investigación y el tribunal se constituyera en Paraguay a los efectos de diligenciar la remisión y la entrega de los documentos”, especificó Ouviña.
El fiscal argentino destacó la importancia del juicio para las víctimas paraguayas debido a que en el país vecino “no existe ninguna investigación global ni de todos los crímenes cometidos en la época stronista ni específicamente de la participación de Paraguay en la operación Cóndor”.
En el juicio, que comenzó en marzo de 2013, han declarado hasta el momento 188 testigos, en relación con víctimas argentinas, uruguayas y chilenas, y se prevé que cerca de un centenar ofrezcan su testimonio por los crímenes cometidos contra ciudadanos paraguayos.
Además de Bignone, el tribunal también juzga al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.
Están acusados de asociación ilícita con las distintas dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos.
El único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.
El “Plan Cóndor” u “Operación Cóndor” fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
Las primeras pruebas concretas de la “Operación Cóndor” aparecieron en 1992, cuando se descubrieron informes secretos en dependencias del gobierno paraguayo.
En los conocidos como “Archivos del terror” constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.
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