Asesor de Ancho cobró más de G. 25 millones solo en el mes de setiembre

Se trata de Lucas Aquino, quien está entre los funcionarios de la Cámara de Diputados que se oponen a entregar información pública a la prensa porque cuentan con un jugoso salario y gratificaciones.

Lucas Aquino Jara se desempeña como uno de los asesores de Juan Bartolomé Ramírez en la presidencia de la Cámara de Diputados y es uno de los arduos opositores a que se entreguen los informes referentes a la nómina de funcionarios nombrados, contratados y comisionados a la institución.
Aquino, quien es miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), percibe un privilegiado salario en Diputados. De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, la categoría presupuestaria del citado funcionario es A6W y su sueldo bruto mensual es de G. 7.071.600, más un gasto de representación de G. 3.299.436, lo que hace un total mensual de G. 10.371.036.

Sin embargo, solo en el mes de setiembre, el hombre de confianza del titular de la Cámara Baja cobró la suma de G. 15.284.110 en concepto de gratificaciones, monto que sumado a su salario da la módica suma de G. 25.655.146.

Aquino trabajó en el Senado con Blas Llano y una vez que asumió Ramírez como presidente de la Cámara Baja, se sumó a su equipo.

OPOSICIÓN. Los jugosos salarios que perciben la mayoría de los asesores y directores en Diputados, hace que los mismos se opongan a que se haga pública la cantidad de funcionarios en la institución.

El asesor de la presidencia utilizó las redes sociales, en especial su cuenta de Facebook, para manifestar su postura en contra de la solicitud realizada por escrito por Última Hora para la entrega de la nómina de funcionarios.

Aquino se pregunta si la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública regula la situación jurídica de los funcionarios públicos y coloca a la Secretaría de la Función Pública como el organismo central administrativo para todo cuanto tenga relación con la función pública y el desarrollo institucional, "¿por qué el presidente de la Cámara de Diputados está obligado a contestar pedidos de entes privados, con fines particulares y con directa misión lucrativa o extorsiva en contra del interés general?".

Defendió así públicamente la postura de Ramírez y de unos 200 funcionarios que se oponen a la entrega de informes.

Se preguntó además si los funcionarios públicos del país que cumplen sus funciones y que aborrecen a los planilleros, "¿deberíamos ceder información de carácter íntimo a medios de comunicación para fines desconocidos? No somos parias, ni ciudadanos de segunda. El artículo 46, en el capítulo II, nos declara iguales en dignidad y derechos junto con todos los habitantes de esta nuestra República", asegura, y remarca que Ancho defiende el derecho de los funcionarios.

FuenteUH