Romero me confirmó plenamente los hechos denunciados: ANDE no puede atender adecuadamente ya a sus clientes de J. Augusto Saldívar porque el nivel de robo de energía es enorme (al menos 50% según la denuncia); porque los ladrones de energía amenazan la seguridad del personal de ANDE y, lo principal, porque cada transformador que se repara o repone es “reventado” pronto por el nivel de consumo no registrado, robado.
El presidente de ANDE me dijo que, a su juicio, esto es un “problema social” que supera las atribuciones y las posibilidades de la entidad, y que corresponde al gobierno encontrar una solución.
No comparto el concepto según el cual el robo es un problema social. Rechazo la idea según la cual los ladrones pueden alegar su supuesta pobreza para lograr impunidad por sus fechorías. Aunque el robo sí genera un problema social y un problema de justicia.
Supongamos que la pobreza autoriza a robar, como sugieren muchos en nuestro país pero especialmente el clero católico (por ejemplo cuando los curas justifican las invasiones de propiedad).
Se plantean algunos problemas muy curiosos:
Primero. Desde qué nivel de ingresos sería legítimo robar? Desde menos de un millón setecientos mil guaraníes? Desde menos de un millón?
Segundo. Quién define el nivel de ingresos desde el cual es legítimo robar? Los curas? Los políticos?
Tercero y principal. A quién le roban los ladrones disfrazados de pobres? A los ricos? O a todo el pueblo que trabaja, paga y trata de vivir una vida decente?
El caso de la ANDE en J. Augusto Saldívar nos permite responder a esas preguntas con claridad difícilmente controvertible. Los numerosos ladrones de energía eléctrica le están robando a los usuarios de ANDE que pagan legalmente su consumo. Ricos y pobres, pero decentes. No solamente les están robando (el costo de la energía tiene relación con el nivel real de consumo pues ANDE de hecho cobra a la gente decente el consumo de los ladrones), sino que les dejan literalmente sin electricidad.
Y lo anterior conduce a la gente decente, la que paga su consumo a preguntarse por qué ellos deben pagar y los ladrones no. Sobre todo cuando el presidente de ANDE dice que el robo “es un problema social”. Para qué seguir pagando si sumándose a los ladrones los usuarios decentes de ANDE recibirán, además de energía “gratis”, el beneficio de ser considerados “un problema social”. Es injusto que se robe a unos para regalar a otros el botín. Es un problema de justicia.
En un caso de ocupación de terrenos en Itá Enramada en el que los invasores también robaban energía eléctrica, logramos, en la 9.70AM, con ayuda del Ministerio Público, exponer lo que en realidad ocurre en el tema de robo de energía eléctrica.
La ocupación estaba dirigida por un operador del político liberal radical auténtico Augusto Wagner, concejal de Asunción. El operador disponía de información precisa de la municipalidad sobre terrenos sujetos a trámites sucesorios o de traspaso y disponía de protección política.
La protección política paralizó al comisario de la zona, que no se animó a prevenir la comisión de los delitos de invasión de propiedad y robo de energía, aunque nuestra Constitución y la ley le obligaban a prevenirlos.
Y la protección política dilató también la presencia del Ministerio Público que, sin embargo, al final, resolvió actuar como le ordena la ley y procesar a los involucrados.
El caso de Ita Enramada muestra cómo ocurren las cosas. Los políticos alientan las ocupaciones irregulares de propiedades, las que evolucionan luego hasta convertirse en asentamientos reconocidos por el Estado y ahora denominados “zonas sociales” donde reciben una serie de beneficios entre ellos energía eléctrica robada.
En esas “zonas sociales” los políticos garantizan la impunidad a los ladrones de energía eléctrica, de agua potable, de líneas bajas de telefonía y de propiedad.
Todo a cambio de inscribir a los ladrones en los padrones de sus respectivos partidos y convertirlos en clientes para las elecciones internas en la que esos políticos compiten.
Ningún fiscal investigó aún el vínculo entre las ocupaciones de propiedad (con robo de energía) y las inscripciones en los padrones partidarios de estos ladrones disfrazados de pobres. Una buena cantidad de senadores, diputados, gobernadores, intendentes y concejales terminarán imputados como autores morales o cómplices en el remoto caso de que el Ministerio Público investigue este vínculo. Ahí están sus “votos” para las internas.
El caso de J. Augusto Saldívar es idéntico, aunque en una escala mucho mayor. No existe posibilidad alguna de que un grupo significativo de personas robe impunemente energía eléctrica sin protección política. El delito es público, notorio, continuo, pero los fiscales no solamente no procesan a los responsables sino que ni siquiera los investigan.
Los políticos controlan las carreras de los fiscales. No todos los fiscales se animan a arriesgar su modo de vida para desnudar a los políticos.
Total, la gente decente, rica o pobre, puede seguir siendo despojada por estos delincuentes comunes de su energía eléctrica, encima con la justificación “moral” de los curas que cada domingo dicen que la pobreza justifica el robo.
Enrrique Vargas Peña
FuenteLN
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