"Vamos a ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito, teniendo como cabeza de proceso una serie de datos que hablan de G 3.000 millones (más de USD 500.000) que fueron puestos en sociedades anónimas por su esposa y sus dos hijos", dijo a Efe la presidenta de Coapy, Kattya González.
González se refirió en concreto a la esposa, María Selva Morínigo, como "un nombre definido" en el caso y, respecto a los hijos, de 22 y 23 años, planteó esperar a ver "cuál es su nivel de participación" y si cabe incluirlos en esta causa "por complicidad".
Tanto la esposa como los dos hijos habrían constituido la sociedad anónima, en la que Morínigo habría aportado unos USD 267.000, y los hijos, casi USD 90.000 dólares cada uno.
Además, serían accionistas de una industria de tratamiento de tripas naturales, en la que la esposa de Díaz Verón invirtió unos USD 267.000.
La explicación dada por la familia es que estos más de USD 500.000, que supondrían el enriquecimiento ilícito, procedían de una indemnización recibida por Morínigo, pero según las investigaciones esa cantidad apenas representa un 10% de las sumas invertidas.
"¿De dónde quitan G. 500 millones (más de USD 90.000) dos jóvenes que todavía no se les conoció trabajo ni trayectoria para invertir dinero en sociedades anónimas? ¿De dónde quita la esposa G. 1.500 millones (unos USD 267.000) para integrar una sociedad anónima en capital?", se preguntó la abogada.
González no descarta que aparezcan más sociedades anónimas vinculadas a la familia del fiscal general, que "no estarán a nombre de Díaz Verón, probablemente esté un testaferro".
Por este motivo, González apuntó que se tienen que abrir "líneas de investigación periféricas", porque "todo lo formal va a estar bien" y resultará difícil "encontrar una inconsistencia entre su salario y sus bienes registrables".
Díaz Verón está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, hechos por los que podría recaer sobre él una pena de cárcel de al menos 10 años "si la investigación se hace de manera correcta", según la presidenta de la Coapy.
La Cámara de Diputados desestimó esta semana el juicio político a Díaz Verón, solicitado por el opositor Partido Liberal (PLRA) y otras formaciones.
Por su parte, el fiscal general tomó un "permiso" al frente de la Fiscalía mientras dure la investigación en su contra, y nombró como sustituto al fiscal Alejo Vera.
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