Este esquema se vive en Ciudad del Este y el propio Ministerio Público lo confirmó. Según la fiscal antitrata Teresa Martínez, están involucrados financistas, abogados y hasta jueces que operan para accionar judicialmente contra las afectadas embargando sus viviendas.
Esto inicia desde el minuto 0 en donde se embauca a las víctimas sobre un mejor trabajo en el exterior. Ellas acceden ante las grandes necesidades que atraviesan, además son de comunidades que no tienen acceso al sistema laboral.
Una vez que se llega el acuerdo entre ambas partes, el oferente le hace firmar un pagaré a la afectada por el pasaje de avión, la comida, estadía, entre otras cosas, sin embargo, una vez llegar al extranjero inicia el infierno. Si logra salir de esta explotación, retorna de nuevo a Paraguay.
Acá inicia la segunda parte de este calvario ya que se lleva a cabo la ejecución del pagaré. Las mujeres llegan sin ningún guaraní encima, desprotegidas y con baja moral, y esos pagarés que son de USD 4.000 a USD 6.000, obligan a embargar sus pertenencias. "Rematan casas de USD 200.000 a USD 4.000", comentó la fiscal Martínez.
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