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viernes, 9 de febrero de 2018

Paraguay se abre al transporte de soja brasileña tras la huelga de camioneros

El país inaugurará un innovador corredor terrestre que dará salida a la soja brasileña, una iniciativa gubernamental que busca posicionar al Paraguay como un centro logístico de Suramérica.


La “guerra de los bitrenes” (camiones de doble remolque) finalizó al levantar los camioneros su huelga tras la promesa del Gobierno de que serán vehículos convencionales los que trasladarán ese grano.

Además de otra concesión más al sector local de los transportistas: la subida del precio del flete.

Con ello se allana el camino par que el 20 de febrero se habilite el nuevo puerto de la ciudad de Concepción (norte), desde donde la soja brasileña saldrá en barcazas por el río Paraguay, el cauce que en parte solventa la problemática de un país sin litoral.

Ello marcará la puesta de largo del “Corredor granelero del norte”, que parte de la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, a unos 215 kilómetros, y por el que circularán un millón de toneladas de soja procedentes del estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Se trata de un proyecto experimental de un año de duración y que aspira a superar la cifra del millón de toneladas transportadas desde esa zona de Brasil, que produce un total de 10 millones de toneladas de soja.

Ese grueso sale al Atlántico por el puerto de Paranaguá (Brasil) y lo que ofrece el corredor paraguayo es un ahorro en los costos de transporte debido a la mayor cercanía de Concepción.

De canalizarse mayores volúmenes de grano, ello repercutiría en toda la economía del deprimido norte del país y también en la industria y el transporte fluvial de Paraguay, que dispone de la tercera mayor flota de este tipo en el mundo.

También en el sector de los camioneros locales, que están autorizados a transportar el 50 % de ese millón de toneladas en cuanto comiencen los portes.

Precisamente, la modalidad terrestre de transporte fue la que provocó la huelga de los camioneros, que pararon la actividad de unos 30.000 vehículos al conocer la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del pasado 17 de enero.

La resolución permitía a los bitrenes brasileños transportar esa soja, alegando que se trataba de una carga nueva y que por tanto no iba en detrimento de los camioneros paraguayos.

No obstante, los transportistas salieron a la huelga para exigir la derogación de esa normativa, que según el gremio fue aprobada de forma unilateral por el Gobierno y que, de acuerdo con el sector, situaba a los camioneros en desigualdad de condiciones al no disponer de este tipo de vehículos.

La protesta se recrudeció con medidas de fuerza como un desfile de camiones que colapsó el tráfico del centro de Asunción y la alarma de los productores de grano local, que alertaron de que toneladas de soja estaban estancadas en los silos en plena cosecha debido a la huelga.

Finalmente, el pasado viernes, en una reunión con los gremios de productores de Mato Grosso do Sul, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, anunció la suspensión por un año de la entrada de los bitrenes brasileños, ahora reemplazados por camiones convencionales.

Con el ajuste, la carga será transportada en un 50 % por camiones brasileños y en otro 50 % por paraguayos.

El punto final de destino será un puerto que hasta ahora no funcionaba a pleno rendimiento y que será operado por el Consorcio Baden tras un proceso de contratación llevado a cabo por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Sin embargo, esa contratación ha levantado una nueva polémica al conocerse que el padre del ministro tiene acciones en una de las firmas que componen ese consorcio.

El alto funcionario contestó que se trata de una participación menor y que de todas formas ello no tuvo incidencia en la contratación, que corrió a cargo de la ANNP y sin la intervención del ministerio.

En el horizonte más inmediato queda además pendiente la modernización de la flota de camiones de Paraguay y la casi segura incorporación de bitrenes para consolidar un corredor en cuyo diseño el Gobierno comenzó a trabajar hace cuatro años y como una cuestión de Estado. 

EFE

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