Ante el poco interés de la Justicia de Paraguay por iniciar un proceso contra los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), paraguayos residentes en España acudieron ante la Justicia argentina en calidad de querellantes.
Los accionantes afirmaron sentirse optimistas después de la celeridad con la que la Justicia argentina inició los tramites para investigar los crímenes de lesa humanidad, por lo que esperan que pronto se anuncien las primeras órdenes internaciones de búsqueda y captura contra torturadores y represores paraguayos.
La presentación de la querella se realizó en la sede que la Asociación de Mujeres de Guatemala en Madrid y estuvo a cargo del abogado querellante, el español Aitor Martínez.
Martínez explicó las motivaciones de la denuncia e informó de la situación de impunidad que la desidia y el desinterés de las autoridades judiciales han provocado en nuestro país.
Estimó que 1 de cada 124 personas en Paraguay sufrieron algún tipo de violación contra los derechos humanos en la era stronista.
El letrado español expresó que a pesar de las “tres toneladas de material probatorio”, los llamados archivos del terror “en los que se describen con todo lujo de detalles las torturas y violaciones contra los derechos humanos” cometidos por casi 450 presuntos torturadores, la Fiscalía de Paraguay ha decidido archivar las causas en todas las ocasiones.
“La sociedad paraguaya en su gran mayoría no tiene una conciencia muy amplia de la dictadura, es un país olvidado, hermético, del que apenas se sabe”, explicó Martínez.
Agregó que tras la caída del régimen militar, Paraguay jamás tuvo una depuración en las instituciones, sino un “continuismo”, donde todo “quedó en las mismas manos”.
Uno de los puntos de la presentación de la querella tiene que ver con las víctimas de la comunidad indígena Aché, “etnia especialmente castigada durante el stronismo, víctimas de cacerías humanas por parte del Ejército paraguayo”.
defensor del pueblo. La acción de los paraguayos ante la justicia extranjera también se debe a la falta de apoyo del defensor del Pueblo paraguayo, Manuel María Páez Monges, quien aparte de tener el mandato vencido, posee varias denuncias de parte de las víctimas de la dictadura, según señalan las organizaciones de derechos humanos.
FuenteUH
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