“Solo esperamos un camino. Cada día es más difícil vivir aquí”, declaró desde un costado de la carretera donde viven.
A principios de la década de 1990, ganaderos expulsaron a los indígenas de su territorio en el bajo Chaco, tierra agreste pero con humedales que la llenan de vida, tras lo cual iniciaron una odisea en tribunales paraguayos e internacionales para recuperarlo.
En 2005 lograron una victoria clave, pues la CorteIDH condenó a Paraguay por violar sus derechos y obligó al Estado a recuperar las tierras que pedían.
Sin embargo, nada cambió en su vida, pues han seguido en el mismo lugar al que fueron empujados hace dos décadas: un asentamiento precario en los márgenes de la destrozada carretera que une la ciudad de Concepción con el núcleo rural Pozo Colorado, en el departamento de Presidente Hayes.
Automóviles de lujo de los dueños de las estancias vecinas y camiones con ganado o madera pasan a toda velocidad frente a sus casas de madera y chapas, y hacen inaudible cualquier conversación.
Los cerca de 150 menores de la comunidad atraviesan constantemente la carretera, lo que regularmente causa heridos por atropellamientos.
Los niños deben pasar para acarrear agua o llegar a su escuela, marcada por la escasez, donde no reciben clases en su idioma sino en español y guaraní.
Muy a pesar de los líderes comunitarios que se desviven por preservar su lengua, sin recursos ni ayuda del Estado, el profesor enviado por el Ministerio de Educación no es indígena y no habla énxet, destacó Gómez.
En la comunidad solo hay un libro de texto escrito en ese idioma, que comparten todos.
“Los niños ya no quieren hablarlo, los que nacieron en la ruta ya solo hablan guaraní, no entienden énxet porque no podemos enseñarles sin ayuda. No pueden entender nuestra cultura si no vivimos en nuestras propias tierras”, lamentó Gómez.
Cuando Efe estuvo en la comunidad, un jueves y un viernes laborables, el maestro no abrió la escuela.
Tras el fallo de la CorteIDH, el Gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-2012) impulsó la expropiación de los terrenos que eran de los indígenas, pero el Congreso rechazó el proyecto de ley por la presión de los terratenientes que los usurparon.
Finalmente, los Yakye Áxa aceptaron otra parcela a 80 kilómetros de donde vivían antes, que el Estado compró y puso a su nombre hace dos años y medio.
El Gobierno ha logrado que varios ganaderos acepten que el camino pase por sus estancias, pero la vía sigue sin construirse por el bloqueo de los dueños de la “estancia Bretona” y de la hacienda de la familia de Sánchez, vicepresidente durante el mandato del liberal Federico Franco.
“Cada vez que quisimos entrar no nos dejaron pasar los estancieros, así que hace unos meses decidimos hacer una nueva demanda judicial”, dijo Gómez.
La sentencia de la CorteIDH establece que los indígenas deben tener acceso libre a su territorio.
Mientras esperan a que la Justicia atienda su nueva demanda, siguen malviviendo en un lugar donde no pueden sembrar y apenas cazar.
“Nuestros ancianos mueren antes, los niños se enferman y algunos han muerto por las malas condiciones de vida y la falta de acceso a medicinas. Además cuando aquí llueve nada es seguro”, lamentó Gómez.
El líder comunitario afirmó que cuando vivían en sus tierras ancestrales, los ancianos chamanes tenían acceso a plantas para preparar remedios tradicionales, pero ahora esa sabiduría va muriendo con ellos, igual que el idioma.
“Esperamos poder mudarnos pronto a nuestra tierra para poder empezar nuevamente a honrar a nuestros antepasados y a recuperar nuestra cultura”, afirmó.
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