Días atrás se desató una polémica, cuando el Ministerio de Hacienda, a través de La Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), exigió a doña Guillermina que devuelva en un plazo de 10 días, la suma de G. 2.487.348, que percibió en concepto de pensión alimentaria por seis meses.
Por tal motivo la Dirección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Formosa, efectuó una formal presentación a la Consejera, Lic. Juana Brítez, titular del Consulado del Paraguay a nombre de la ciudadana argentina, quien a sus 81 años de edad, viven en Carapeguá, en una situación de indigencia y con graves problemas de salud.
El Defensor del Pueblo Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto con el Vicecónsul, Sr. Oscar R. Zalazar León, dialogaron sobre la situación y el funcionario se comprometió a llevar adelante las gestiones necesarias ante el gobierno paraguayo, de modo que se exima de toda consecuencia administrativa, civil y penal a la señora Guillermina Arce.
Según el comunicado oficial de la Gobernación de Formosa, el Vicecónsul agregó que no está en el espíritu del Estado Paraguayo la de pretender perjudicar a la mujer y que con seguridad todo esto se solucionara en cuestión de días.
La Ley N° 3728/2009 establece que solo podrán ser beneficiarios de la pensión alimentaria todos aquellos paraguayos naturales, mayores de 65 años y que viven en condición de pobreza. Sin embargo, Guillermina Arce de Miranda, firmó una declaración jurada a través de la cual manifestó ser “paraguaya natural”.
La abuela, quien no lee ni escribe, manifestó que impregnó su huella digital a modo de firma en los documentos y entregó una copia de su cédula de identidad, y alegó que nadie le explicó que no podría ser beneficiaria por haber nacido en Argentina.
FuenteAbc
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